Anomia Administrativa.

Irregularidades en los convenios del Municipio con ABSA.

La provisión de agua potable en el Partido de La Costa se caracteriza por la gran cantidad de irregularidades administrativas y de facturación.

El círculo de Instituciones involucradas son Aguas de la Costa, Municipio de La Costa, y ABsa.

Las últimas fallas en la prestación del servicio de Agua Potable en la Zona Sur del distrito de La Costa provocó la movilización de vecinos de Mar de Ajó, San Bernardo, Villa Clelia y de algunos concejales muy preocupados por la situación generada.
En esas circunstancias se convino que se iba a presentar una solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre características del Servicio de Agua Potable y la lectura del pertinente documento firmado con  ABsa, ya que los concejales no recordaban haber firmado convenio alguno al respecto en los últimos años.
El momento para la presentación de la solicitud de informe se fijó para el Lunes 23/11/2015 durante una sesión ordinaria del HCD; así se hizo luego de aprobarse las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre al igual que el poder ejecutivo nacional.

Inmediatamente después de la lectura del escrito de Leandro Marín Alonso se dio tratamiento sobre tablas un proyecto de ordenanza homologando la extensión de un contrato largamente vencido (3 de Diciembre del 2012) hasta el 3 de Diciembre del 2020.

Del audio se desprende.

•      El convenio inicial de la prestación de agua potable se realizó con la empresa Aguas de La Costa, de Gualtieri. Este contrato fue disuelto en Diciembre 2007, y se contrató para la prestación del servicio a Absa el 3/12/2007  por 5 años. 

•      Ese convenio no fue renovado en el año 2012 hasta la fecha, en la que se promulgó una ordenanza que homologa el mismo convenio sin modificación alguna y lo extiende hasta el 2020
•      Esta acción trata de cubrir una severa falta administrativa que se extendió durante 8 años. Creo que estas faltas quizás pudieran incurrir en faltas a los deberes de funcionario público, malversación de fondos y eventual defraudación al facturar un servicio público sin estar legalmente habilitado para tal fin.

Conclusión:

Lo acaecido el día de hoy genera la no credibilidad  en las instituciones de gobierno y, peor aún, en los funcionarios en su totalidad.
Hoy se utilizó la técnica  de votación a libro cerrado que podrá tener visos de legalidad, pero a ciencia cierta es ilegítimo e impresiona como inmoral.
¿Puede tolerarse que nuestros representantes directos se vean privados de la documentación que sustente las decisiones que afectarán los intereses de la comunidad en su totalidad?

Es totalmente inaceptable, esto es una burla a la democracia que pretendemos recuperar.

Ruego que los señores concejales recurran a la justicia para bloquear y sancionar estas malas acciones que superan los límites de una conducta  desaprensiva para ingresar en la categoría penal.

De la respuesta de nuestros representantes dependemos.