La desventura del intento de Amparo por ABSA en La Costa (3)

Buscando nuestro destino.

Se podrán agotar los argumentos, nos cansaremos de discutir, agotarán nuestra paciencia las burlas y desplantes pero jamás se acabará la lucha por el agua potable,  una causa justa.

La remoción del artícul0 241 del código civil, excluyó de los derechos humanos el del agua potable, argumentando que si el Estado no puede brindarlo no está cometiendo una violación; lástima que no aclara que cuando el Estado NO quiere brindar ese servicio SÍ está cometiendo una violación grave de esos derechos. ¿Cómo puede comprobarse la diferencia entre “no puede” y “no quiere”?, ¿Quién juzga?.

La ciudadanía empieza la lucha con una gran desventaja porque reclama un servicio, no un derecho.
Esta desventaja se acentúa cuando deben proporcionar ese servicio autoridades municipales que usaron el agua potable principalmente como argumento de campaña en vez de objetivo social.

En La Costa, la relación De Jesús-ABSA contiene rasgos extraños como cobertura de servicio fuera de cobertura contractual (violación del art. 231 de la ley orgánica de las municipalidades, nulo de nulidad absoluta), donación de equipos a ABSA cuando la empresa es privada (estatal mixta) y es un aporte fuera de convenio y toda lógica que podría llegar a configurar malversación de fondos públicos, sin contar con la figura de estafa cuando ABSA aumentó los servicios en el 2014 y no se hallaba bajo cobertura contractual.
A esta turbia relación Municipio-ABSA se le agrega la desidia en la gestión de préstamos en el BID o BIR para financiar obras complejas, además de no presionar para que la empresa cumpliera con las pautas convenidas (recordemos las acciones de los intendentes de Bahía Blanca y de Escobar).

La oposición tampoco se destacó en la defensa de los intereses de la comunidad, fue incapaz  de presentar un recurso de amparo para reconstituir un servicio deficitario (ABSA-CHANCAY) y de presionar al gobierno provincial para la adecuación operativa de ABSA.

Esto ocurre siempre que los funcionarios buscan la satisfacción de intereses particulares antes que el bien común.

Pero también debemos considerar que el gobierno provincial puede no tener interés en invertir en el agua potable para La Costa, aunque su discurso indique una senda diferente.
Debemos tomar conciencia que la inversión a realizar estaría en el orden de 100 millones de dólares, en una obra compleja, en un distrito de baja rentabilidad electoral con economía dependiente de los servicios y no productivo o generador de valor agregado. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en el sillón de Vidal aplicaríamos ese dinero a la reparación de rutas para el transporte agropecuario, obras de prevención de inundaciones que afecten al sistema productivo, etc.

Lo descripto es la más absoluta realidad, debe mirarse bajo el punto de vista de la justicia de las prioridades ante la precariedad de los recursos.

¿Cómo podemos salir de esta trampa?
Sólo puedo sugerir actitudes civiles, no aportar recetas mágicas.

·         No espere que un funcionario resuelva el problema, participe para “estimular” al funcionario a resolverlo.

·         Busque soluciones intermedias de bajo costo que mantenga vivo el problema y sea reflejo permanente de una necesidad vital. El ejemplo práctico es el del “bidón social”.

·         Estimulemos a nuestros representantes a que busquen el desarrollo de nuestra economía regional para que el agua potable sea consecuencia del proceso, no la fuente de ingresos local por  turismo.

·         Controle el accionar de los funcionarios y sus instituciones utilizando todos los medios constitucionales a su alcance; si estos instrumentos no estuviesen disponibles (boletín oficial, Defensoría del pueblo, conocimiento de los convenios celebrados) luche por obtenerlos.

·         Participe porque con los funcionarios actuales el futuro no será diferente al de los últimos 25 años.

Modifique su actitud, participe intensamente, involúcrese en los planteos y soluciones.
Así se construye el destino de nuestra comunidad.