Sigue la farra de la corrupción.

Corrupción: la necesidad de
medidas contundentes

El gobierno nacional debería ser quien se ponga al frente de la lucha contra la corrupción dando a conocer todas las pruebas que pesan sobre los exfuncionarios kirchneristas que produjeron un verdadero desfalco a las arcas estatales durante la mal llamada década ganada. De esta forma, se cumpliría con los millones de argentinos que votaron por un cambio y permitieron que Mauricio Macri hoy sea el presidente de la Nación.

Más allá de que Macri dice bregar por la división de poderes y que él no se meterá en las decisiones judiciales, aportar todos los documentos, pruebas y testimonios al que el gobierno tiene acceso - que podrían ser necesarios para esclarecer y condenar el contubernio ilegal montado desde el Estado para favorecer a los amigos del poder K- no es intromisión a los jueces. Por el contrario, triunfaría la Justicia si finalmente se condena a los corruptos de la larga década kirchnerista.Pese a que es positiva la medida que tomó ayer la Oficina Anticorrupción de pedir la indagatoria de uno de los máximos exponentes de la corrupción kirchnerista, como lo es Ricardo Echegaray, lo que aparece en esa decisión es un intento de apaciguar los reclamos cada vez más fuertes de una población que se encuentra indignada porque ve que ningún corrupto de la era K está tras las rejas. Peor aún, ni siquiera pasa cerca de una cárcel.

Cabe recordar, asimismo, que Echegaray hoy por hoy es titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) gracias a que fue el propio Macri el que obligó a los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Michetti y Emilio Monzó, a firmar la designación que había sido impulsada por el bloque kirchnerista por ser la primera minoría de la oposición.

Ahora bien, aportando pruebas contundentes, con todo el poder que les brinda la conducción del Estado nacional, los jueces que hoy protegen a los dirigentes kirchneristas no tendrán más alternativa que indagarlos, procesarlos y mandarlos a la cárcel. De lo contrario, estos mismos magistrados podrían terminar en el banquillo de los acusados.

Cristóbal López y sus turbios manejos buscando impunidad

La maquinaria ilegal montada desde el Estado bajo el gobierno kirchnerista para dejar hacer lo que quisieran a los empresarios amigos, tuvo como uno de sus máximos exponentes a Cristóbal López, quien eludió el pago de impuestos entre los años 2011 y 2015 por más de 8.000 millones de pesos.

Con los números de una realidad que muestra cómo la AFIP que conducía Ricardo Echegaray colaboró para que el empresario no abonara el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), López estaría articulando una serie de maniobras que le permitan conseguir impunidad y no hacer frente al dinero que debe al fisco.

Es por ello que entre sus ideas, baraja la posibilidad de poner a su empresa Oil Combustibles en convocatoria de acreedores, lo que llevaría a que la firma no pagara lo que le debe a la AFIP por ser “insolvente”, algo que dentro del gobierno de Cambiemos despierta temor porque eso podría desencadenar una red de acciones similares de otros grandes deudores, desfinanciando así al Estado.

Un primer paso en este sentido se está dando con la decisión de López y su socio Fabián De Sousa, de mudar la sede de la empresa a la provincia de Chubut, para evitar así que sea la Justicia federal la que intervenga en el caso de evasión impositiva y jugar “de local” en territorio sureño, en donde poseen un “manejo” de la Justicia que les permitiría eludir el avance judicial.

Cerca del empresario, aducen una supuesta “persecución ideológica” de Cambiemos hacia su persona, y citan como ejemplo el operativo montado ayer por la AFIP en el Casino flotante de Puerto Madero, propiedad de López, a fin de constatar la regularización de la plantilla de personal y la emisión de cheques por montos superiores a los 100 mil pesos.

Estirando al límite la ley y jugando con la delicada barrera de la ilegalidad, López comienza a lanzar una ofensiva a través de oscuras maniobras, que le permitan evitar el peso de la Justicia y lograr impunidad a sus actos cometidos durante el gobierno K.
Sin códigos entre delincuentes: Lázaro vs. Máximo

En lo que parece ser un capítulo más de una pelea sin códigos entre delincuentes, ayer se dio a conocer un supuesto diálogo entre Lázaro Báez y Máximo Kirchner, que despierta más suspicacias que certezas.

“Que les quede claro, ahora somos peligrosamente enemigos", le habría afirmado en las últimas horas Báez al primogénito de la familia Kirchner, en lo que puede verse como una ruptura empresarial tras la quita de negocios de obra pública que efectuó Alicia Kirchner a Austral Construcciones.

En tanto, el diputado nacional por Santa Cruz, Eduardo Costa, consideró ayer que fue el gobierno nacional quien rescindió los contratos que la empresa constructora de Lázaro Báez tenía con la provincia patagónica, y no la administración que encabeza Alicia Kirchner, y lo atribuyó a que "estaban pagados de dos a ocho veces y las obras no estaban terminadas".

La relación entre la familia Kirchner y el empresario Báez tomó un nuevo giro cuando, según expresó el diputado nacional Costa, Vialidad Nacional rescindió 24 licitaciones para desarrollar obra pública, al mismo tiempo que el empresario santacruceño aseguró a través de un diario de su propiedad que en 2003 le compró una casa a Alicia Kirchner, que en los últimos días negó una relación comercial con Báez. Costa calificó como "inconcebible" que se diga "que (Lázaro) Báez no es (Néstor) Kirchner", al cuestionar las declaraciones de la gobernadora de esa provincia Alicia Kirchner en ese sentido.

diariohoy.net