Sindicato, taxistas, Estado y Uber. ¿El usuario?

La gente, Uber y la violencia del Estado

La llegada de Uber al país y la consecuente respuesta (más allá de ser una nueva edición de la falacia ludista en cuanto al odio a la máquina, a la tecnología), tanto de taxistas como del sindicato y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hace más que validar una de las reflexiones más brillantes de Albert Nock en su libro Nuestro enemigo el Estado, en la que sostiene: “Es de gran ayuda darse cuenta del hecho público y notorio de que el Estado se moviliza de forma muy lenta hacia cualquier objetivo que devenga en beneficio de la sociedad, mientras que se moviliza rápidamente y con prontitud hacia aquellos objetivos que devienen en beneficio propio; y que tampoco se moviliza hacia los propósitos sociales por iniciativa propia sino bajo presión, mientras que su movilización en pos de propósitos antisociales surge de manera automática”.
Naturalmente, comprender este nefasto cúmulo de asociaciones entre el Gobierno de la ciudad, los taxistas y su sindicato en contra de Uber, los usuarios de servicios de traslado de pasajeros y la sociedad es un conjunto implica develar conceptos que, puestos todos juntos, dejan en evidencia la naturaleza violenta del Estado en detrimento del bienestar de los individuos. En función de ello, desarrollaremos los siguientes puntos: tipificación de la intervención violenta del Estado; naturaleza de los monopolios (o cárteles) y su impacto sobre el bienestar; tipos de intervención implícitos en el ataque frente a Uber y los ciudadanos y, a modo de conclusión, los daños emergentes sobre la sociedad derivados de la asociación entre taxistas, sindicato y Estado porteño.



La intervención violenta del Estado
La intervención consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad, de modo tal que se sustituyan las acciones voluntarias por la coacción. A su vez, en nada cambia que dicha aplicación de fuerza sea individual o grupal, ya que la naturaleza económica y las consecuencias de la acción son las mismas.
En el mundo real, son los Estados los que realizan la mayor cantidad de intervenciones, ya que, en la sociedad, el Estado es la única organización legalmente autorizada para hacer uso de la violencia y la única entidad que obtiene legalmente sus ingresos de una imposición compulsiva.
Sin embargo, podemos clasificar las intervenciones en tres grandes categorías. En primer lugar, tenemos la intervención autística, en la cual el agresor (el Estado) ejerce coerción (ordena a un individuo que hago o no haga ciertas cosas, restringir uso de sus bienes) sobre un sujeto sin que este reciba a cambio ningún bien o servicio. En segundo lugar, está la intervención binaria, en la que el Estado puede llevar a cabo de manera compulsiva un intercambio entre otro individuo y él mismo (por ejemplo, el pago de impuestos), u obligar a otro a que le proporcione un obsequio.
Por último, está la intervención triangular, donde se crea un relación hegemónica entre el invasor (el Estado) y dos sujetos que intentan realizar un intercambio real o potencial. Dentro de esta gama de intervenciones están los controles de precios y los de cantidades-productos, donde los últimos incluyen una gama de restricciones que implican la concesión de privilegios monopolísticos tales como: cárteles obligatorios, licencias, estándares de calidad y seguridad, aranceles, sanciones a estructuras de mercado, leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, concesiones y servicios públicos, políticas en contra de los monopolios, por sólo mencionar algunas de las intervenciones que suele aplicar el Estado.
En este sentido, al momento de explorar los efectos de la intervención debemos tener en cuenta no sólo las consecuencias directas, sino también los efectos indirectos. En primer término, la intervención tendrá consecuencias directas e inmediatas sobre la utilidad de los que participan.
La intervención coercitiva conlleva a una pérdida de utilidad, ya que los agentes están siendo obligados a realizar, por la fuerza, lo que de modo voluntario no hubieran hecho, motivo por el cual siempre se pierde utilidad como resultado de la intervención.

¿el productor único protege la situación impidiendo con la fuerza (del Estado), lo que justamente debe llamarse competencia de productores potenciales, o es él mismo el que está potencialmente amenazado y debe su posición únicamente a sus esfuerzos y a la calidad de la producción a los ojos de sus clientes?

Quedan plenamente expuestos los daños causados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los taxistas y los sindicatos ligados a estos últimos, en detrimento del resto de los ciudadanos.
Por un lado, el servicio de taxis de CABA representa un esquema de cártel obligatorio, ya que obliga a todos los prestadores del servicio a formar parte de una organización, donde a los participantes se les imponen restricciones en la cantidad de horas de tránsito (ver al frente de los taxis el adhesivo con el horario para el cual está habilitado a circular). A esto se le debe sumar la presencia de un precio mínimo, el cual está impuesto por el Gobierno de la ciudad. Al mismo tiempo, un taxi, para construirse en un taxi, debe poseer una licencia, lo cual restringe de modo deliberado la oferta de trabajo, al tiempo que se imponen diversas reglas y requisitos para trabajar en dicho sector. Así, a aquellos que cumplan las normas determinadas unilateralmente por el Estado (entre ellas, el pago de la licencia, lo cual es un obstáculo enorme para competidores con poco capital) se les impide la entrada, a punto tal que el número de taxis dentro de la ciudad está fijo, sin consideración alguna sobre la demanda y su comportamiento en distintos momentos del día y de los contextos (por ejemplo, lluvias), lo cual deriva a un servicio extremadamente rígido, ineficiente y poco apto para responder a los cambiantes deseos de los consumidores.

De más está decir que las regulaciones en cuanto a las leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, sobre concesiones y servicios públicos y las supuestas políticas en contra de los monopolios representan un amplio abanico de intervenciones violentas del Estado a favor de un grupo (políticos, taxistas y sindicalistas) y en contra de las libertades individuales de los que buscan brindar el servicio por la red de Uber, como contra los potenciales usuarios del servicio.

Javier Milei

 Esperemos que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires recapacite por lo actuado en contra de Uber, sus prestadores y en especial hacia los ciudadanos, ya que, en su defecto, dejará de manifiesto un comportamiento del tipo fascista, el cual no difiere del llevado a cabo por el kirchnerismo, salvo por los modales y la brutal irracionalidad de estos últimos en el manejo de los asuntos públicos.