El pueblo quiere saber de qué se trata
La ley de acceso a la información pública que sancionará el Congreso implica el reconocimiento de un derecho fundamental, poder conocer y saber cómo funciona el Estado.
La puesta en práctica de este primordial derecho es de suma importancia ya que potencia el desarrollo de otros derechos civiles, la rendición de cuentas y transparencia de los funcionarios, y fomenta el debate público e informado para evitar los abusos por parte de los poderes estatales. Los ciudadanos no pueden participar plenamente de la “cosa pública” si no tienen acceso a números e informes de gestión que justifican las decisiones gubernamentales o dan cuenta de los resultados de las políticas públicas.
Son los gobiernos los que deben dar los primeros pasos. Y establecer mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna, promocionando un cambio cultural que fomente la transparencia y motive la demanda pública de información, para pasar de una moda de secreto y exclusividad a una cultura de acceso y apertura. Así, tendremos ciudadanos empoderados cívicamente.
La sanción de esta ley nos ubicará dentro de los casi 100 países que ya han reglamentado el acceso a la información pública, pero esta aventura debe ser acompañada por una actitud proactiva de apertura y disposición de datos. Esto nos permitirá elevar la vara de modo tal que ya no hablemos de acceso sino de publicación, garantizando una mayor libertad de información.
Esta iniciativa, que viene a aportar transparencia y sobre todo mayor participación, sin dudas nos dejará una democracia mejor y más cerca de sus ciudadanos, donde el pueblo finalmente podrá saber fehacientemente de qué se trata.
lapoliticaonline.com Juan Pablo Limodio
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