Historias del conurbano bonaerense

Entre el estallido y la política social

David González camina por las calles de tierra de Obrero Santa Catalina, quizás el barrio más peligroso de Lomas de Zamora, con gran densidad de cocinas de droga y ausencia de transporte público. Va hacia el estudio donde graba un programa de radio que transmite por Internet. A los 39 años no tiene hijos, pero una marea de pibes va saltando a su lado. Tiene tres merenderos que resuelven una de las comidas de los más chicos de las familias de la zona. Lidera la agrupación "La Montenegro" y organizó en 2009 la Cooperativa Salvador Gaviota para que su gente pueda acceder a lo que se parece bastante a un sueldo, a través del plan Ingreso Social por Trabajo, más conocido como "Argentina Trabaja". Además, hace dos años intenta recuperar los terrenos donde funcionaba el Club del Agua Mineral, cerca de Villa Albertina, que le fueron intrusados.

Por su vocación social y pasión por organizar, si fuera un nacido y creado en la Recoleta, David González sería un líder de una ONG, un miembro de la trama de la sociedad civil que busca vincularse con el Estado para alcanzar una democracia con ciudadanos involucrados en la resolución de problemas concretos. Pero nació en Santiago del Estero y vive en Villa Albertina, así que David González es un puntero.

Aunque no uno cualquiera. Se dice peronista porque su padre Domingo González lo es, pero no conoce las estrofas de la Marcha ni tiene demasiada idea de lo que hicieron -o relataron- Perón y Evita. Lo suyo es ir y venir, ver en qué andan sus vecinos, resolver problemas del barrio, sacar a los pibes del delito, la droga, la trata.

Su medida del parate económico es que nadie sale a vender patys a la ruta. "Estamos sobreviviendo", dice. Aunque reconoce que una familia con un "Argentina Trabaja" (3120 pesos) más tres hijos con "Asignación Universal por Hijo" (966 x 3: 2980 pesos) y los alimentos que recibe por el plan "Mas Vida" (700 pesos), está lejos de la crisis del 2001. "Nos vino menos que antes de luz (tiene tarifa social) y el colectivo y el tren también nos salen menos (también con tarifa social). Pero es solo una base, acá la gente vive de sus trabajitos informales que, hoy por hoy, son inexistentes".

Nada de lo que dice David González suena a un caldo de cultivo para el asalto violento a supermercados y almacenes. Se percibe preocupación, desarticulación de los tradicionales vínculos con el poder para negociar más y mejores ayudas, ausencia de trabajo territorial de Cambiemos en el conurbano profundo, donde anida el mayor descontento contra el gobierno de Mauricio Macri. Pero las horas parecen gastarse en la búsqueda desesperada de los nuevos resortes para hacer llegar los reclamos y no en armar tomas de supermercados.

"Hay malhumor por la inflación en los alimentos básicos pero no veo ninguno de los elementos que pueda generar violencia", dice Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. "Aquí hubo abandono del Estado, no había capacidad para enfrentar la emergencia, ni registros de las ayudas que, además, eran totalmente discrecionales y sin criterio metodológico, había deudas de más de seis meses con los proveedores de alimentos que fuimos regularizando al punto que hoy estamos al día", explica.

Algo parecido piensa Carlos Pedrini, secretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encargado del relacionamiento con las organizaciones sociales. "No estamos discutiendo comida con ninguno de ellos, sino refuerzos en planes de trabajo, porque la actividad está parada, pero hay comprensión y disposición al diálogo en las grandes organizaciones como Movimiento Evita y Barrios de Pie, y también en las pequeñitas, como el caso de Resistencia Popular (cortaron la 9 de julio el jueves pasado), con quienes quedé en conversar el lunes (mañana), sin ningún tipo de problema".

Pedrini viene del peronismo y coordinó la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) en el Ministerio de Desarrollo Social porteño, donde entabló un vínculo sólido con las organizaciones sociales y promovió la urbanización de las villas, que se están transformando en barrios integrados a la Ciudad, a pesar de lo poco que se hizo en materia de combate contra la droga, que es el gran desarticulador social.

López Medrano también tiene origen peronista. Abogado nacido en San Martín, fue gerente de empleo en el conurbano del Ministerio de Trabajo en tiempos de Graciela Camaño. Ya como subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, acompañando a Carolina Stanley, estuvo en la lista de senadores provinciales y fue electo por la tercera sección electoral, pero pidió licencia para asumir como ministro de Desarrollo Social bonaerense.

Otro caso parecido es el de Sebastián García De Luca, actual viceministro del Interior con escuela en el peronismo bonaerense (fue cuatro años secretario privado del gobernador Felipe Solá), ex candidato a intendente en Chivilcoy, electo diputado provincial por la cuarta sección electoral y en uso de licencia. Fue el encargado de convocar al presidente del PJ provincial y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a una reunión que el miércoles se hizo en Casa Rosada, de la que también participaron el intendente de Moreno, Walter Festa, y el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, a los que les pidió que bajaran el tono de declaraciones mediáticas que consideró desestabilizadoras.

García De Luca, Pedrini y López Medrano tienen entre 35 y 40 años. Nada del peronismo les resulta ajeno. Dicen que "a los que hablan de que están dadas las condiciones para el estallido nunca los escuchamos hablar de los problemas sociales que ya había". Reconocen demoras en la instrumentación de decisiones políticas porque "muchos funcionarios se cuidan de cada cosa que firman". Aceptan que "después de la inflación, que está bajando, el problema más serio que tenemos es de tradiciones políticas, porque nos sentamos con organizaciones a los que no les pedimos nada a cambio, y eso los descoloca". Saben que genera problemas "la existencia de cuadros técnicos y sin formación política en los organismos públicos", pero defienden a rajatabla el nuevo esquema de gestión, apegado a procedimientos administrativos, que -entre otras cosas- exige tomarles examen a los nuevos jefes distritales del ANSES y el PAMI.

La instalación en el conurbano bonaerense de la cultura de gestión porteña ("al lado de lo que pasa en la provincia, la Ciudad de Buenos Aires es Suecia", dijo un funcionario) no se hace sin costos. Aquí y allá se escuchan críticas a la "falta de contención". Reemplazar el clientelismo cercano pero corrupto y discrecional por una gestión transparente, eficaz y realmente inclusiva no parece una tarea sencilla. Exigirá, sobre todo, un diálogo exento de prejuicios en ambos lados del mostrador.

"La vida no es blanco y negro, nada es absolutamente prístino", dice el historiador Jorge Ossona, autor de "Punteros, malandras y porongas", un libro que analiza los usos políticos de la pobreza en el conurbano bonaerense, donde él vive.

El territorio dominado por la pobreza estructural no es el paraíso de los buenos. Sobreviven los más aptos a condiciones extremas de marginalidad y violencia, ahora fatalmente cruzados con los dealers de la droga. El Estado llega de a ratos y aún no aprendió a quedarse para cambiar las condiciones de injusticia.

Mientras tanto, que algunos fogoneen un estallido social inexistente habla más de su incapacidad para construir una alternativa política competitiva, que de una realidad palpable por los que viven en los barrios.

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