Luchando por la conservación de nuestras playas y la aplicación de las leyes pertinentes.

El medio ambiente  se enfrenta con los intereses económicos.

MDAnoticias publicó la siguiente nota el 5/9/2016:

Un pedido de informes de la oposición por supuestas irregularidades en una obra que se inició en la playa de Mar de Ajó sumó una convocatoria en redes sociales en defensa del frente costero y desnudó algunas contradicciones en el HCD local.
La solicitud fue presentada en mesa de entradas del Concejo. Así se eligió para el trámite el camino más largo y rápidamente se movilizó la queja en redes sociales por el impacto ambiental y las irregularidades de la obra.

Entre los argumentos que plantearon los concesionarios de la obra y desde el ejecutivo municipal, figura que la obra iniciada en Rial y playa de Mar de Ajó fue licitada, autorizada y adjudicada en 2013 por unanimidad por el Concejo Deliberante local. Se aclara además que no se construirá un nuevo balneario sino un bar y sanitarios públicos.

Queda a la vista cómo concejales de un mismo partido o frente político aprobaron la licitación del bar en cuestión y formaron parte de una resolución por unanimidad y hoy realizan un pedido de informes y ponen en duda lo tratado y aprobado por su correligionarios.

En cuanto al medio ambiente, desde la Secretaría Legal destacan que todo concuerda con lo presentado y autorizado en la licitación y además que se realizaron los estudios de impacto ambiental pertinentes.

Se espera que  en lo venidero el ejecutivo presente su respuesta al pedido de informes realizado y aclare la situación, para tranquilidad de los solicitantes y de todos los políticos costeros que este fin de semana pasaron por Rial y Costanera para estar presentes desinteresadamente en la lucha a favor del medio ambiente.

El 07/09/2016 El concejal Leandro Alonso responde a estas aseveraciones afirmando:
a)  La adjudicación de esa UTF fue firmada el 6/12/2013 y no el 11/12; el detalle no es menor porque  asumió   el 10/12.

b) Durante el año 2014 el Dr. Alonso presentó reclamos sobre irregularidades en la adjudicación de la UTF de referencia sin obtener respuesta satisfactoria.
c) Queda salvada la responsabilidad de la UCR en la mencionada adjudicación, aunque no ocurre lo mismo con otros concejales opositores, como Carlos Natalizia.

Podemos concluir en este momento del trámite que estamos estudiando los papeles, buscando las responsabilidades de los firmantes, de qué partido eran (Análisis de Legalidad) pero estamos dejando de lado la cuestión central del problema.... ¿La construcción de la UTF genera daño a nuestro patrimonio común, la playa? ¿Esta construcción respeta las normas vigentes? ¿Genera daño a las napas, aumenta la erosión de nuestra costa? (Análisis de Legitimidad)

La diferencia entre legalidad y legitimidad ha sido una cuestión fundamental de la teoría política y el derecho, desde los inicios del pensamiento humano. 

La ley es un conjunto de normas de conductas cuyo incumplimiento está sancionado por castigos. Tanto si la ley es una norma escrita como si es fruto de una tradición oral, se entiende que legalidad es todo aquello que ocurre dentro del marco legal dado como válido por el conjunto del cuerpo social. Un acto es legal cuando no incumple una norma; de este modo, cruzar el semáforo en verde, tirar la basura según la hora estipulada por la normativa municipal o no robar al vecino, son comportamientos legales en tanto que no incumplen ninguna ley.

Como vemos, es sencillo explicar lo que es legal, mucho más complejo es saber lo que es la legitimidad.
En ocasiones entendemos que ciertos comportamientos son legales pero ilegítimos; por ejemplo, puede ser que criticar a los vecinos no sea un delito y, por tanto, no es un acto “ilegal”; sin embargo, entendemos que no es un acto legítimo hablar mal de alguien a sus espaldas. Vemos que la moral no está contenida por lo legal sino que más bien parece lo contrario; además, la cosa se complica cuando descubrimos que, en ocasiones, lo legal se opone a lo que sentimos como legítimo.

Cuando observamos las persecuciones que ha sufrido el pueblo judío en Europa durante los últimos siglos, comprendemos que actos que hoy nos parecen monstruosos eran perfectamente legales en determinadas épocas. Denunciar a tu vecino judío no sólo era legal en la Alemania nazi o en la España de 1492 sino que no denunciarlo podía ser entendido como un delito. ¿Era legítimo que alguien se opusiese a esa ley y ayudase a los judíos víctimas de la persecución? ¿Condenaríamos su conducta? Creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en admitir que un hombre que violase esas leyes no actuaría ilegítimamente aunque sí ilegalmente.

Dirimir cuales son los derechos individuales inalienables y que no pueden negársele a ningún hombre independientemente de la sociedad en la que viva y sus leyes, es una labor compleja.
Un ciudadano alemán estaba moralmente autorizado a desobedecer ciertas leyes bajo la opresión nazi, nosotros lo estamos hoy para cuestionar nuestro grado de obediencia a unas leyes que se aplican conculcando nuestros derechos fundamentales.

Afortunadamente el caso que hoy nos ocupa no es tan doloroso como el genocidio judío, no puede compararse en absoluto pero en el fondo presenta el mismo conflicto moral.
Las construcciones costeras pueden afectar nuestro patrimonio comunitario (las playas) destruyendo la principal fuente de ingresos de todos los habitantes costeros y condenándonos a un futuro incierto.
Afortunadamente La Costa posee un marco legal que protege nuestro patrimonio, el decreto 3202/2006 de Felipe Solá que fijó parámetros mínimos a respetar, necesarios para la recarga de las napas, proteger las construcciones costeras de la sudestada y disminuir los daños de la erosión, etc.
 Entonces, ¿cuál es el problema si hay normas establecidas? No se observa a simple vista ningún conflicto moral; sin embargo existe y es muy grave como pueden serlo que las instituciones a cargo del gobierno no las hagan cumplir tolerando y acrecentando el daño a toda la comunidad. Permiten el robo de arena de las playas justificando el hecho que La Costa carece de trabajo genuino que utilice esa mano de obra no calificada; así ocultan su incapacidad en diseñar políticas laborales.

En consecuencia mis respetos a aquellos concejales que advirtieron el error cometido por el HCD en el año 2013 y ahora redimen su responsabilidad luchando al lado de la comunidad en defensa del interés común enfrentándose a un gobierno municipal malsano.
No interesa quienes firmaron esa concesión, nos importa que ese dictamen se revierta respetando el marco legal pertinente.