El juez de faltas platense Ricardo Di Bella fue procesado por el fiscal Romero
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| Foto gentileza de Agencia Nova, archivo |
La investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Romero, se inició hace unos tres meses a partir de una denuncia anónima, y en ese marco se citó a declarar a varios supuestos damnificados por el accionar de Di Bella. Es justamente a partir de esos testimonios y que se decidió procesar al Juez de Faltas y citarlo a declarar el 14 de diciembre próximo.
Di Bella tiene una relación muy cercana a Pablo Bruera. Durante los últimos años de su mandato, el ex intendente le había dado a Di Bella todo el poder de la Justicia de Faltas, quitándoles facultades a los otros cuatro jueces (Oscar Piloni, Dante Rusconi, José Mercado y Fernando Centeno).
Di Bella se encargó de los temas más escabrosos y redituables: secuestros de motos, multas a edificios, habilitación de obras, supermercados chinos, licencias de conducir secuestradas por alcoholemia y nocturnidad.
Para la Justicia Penal de La Plata existen “elementos suficientes e indicios vehementes” de que durante el período comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y el 30 de septiembre de 2016, Di Bella “cometió diversos delitos en perjuicio de la administración pública”.
Se añade en relación a infracciones tránsito labradas por personal de Control Urbano “en las que se secuestraban vehículos, dicho juez, en forma discrecional, según los casos, cobraba formalmente la multa mínima, mientras que informalmente y de manera paralela, solicitaba en su propio beneficio la entrega de otro importe con el objeto de liberar los vehículos”.
Romero relata además otros episodios. “En otras ocasiones, el juez valiéndose de su cargo, e incumpliendo la normativa contravencional asignada, directamente dejaba sin efecto las infracciones y las actuaciones labradas en consecuencia, cobrando dádivas en provecho propio, y en perjuicio del erario municipal, al impedir el ingreso al mismo del dinero en concepto de multa”.
Al dictar el procesamiento, el fiscal tomó en cuenta otras presuntas maniobras del funcionario. Así, relata que “de la misma manera operaba con el cobro de estadías de los rodados en el depósito municipal, toda vez que directamente exigía en dicho concepto el dinero para sí y no para el Estado”.
“Misma modalidad realizaba respecto a las faltas de seguridad e higiene a su cargo”, añade Romero, quien tiene en su poder varias causas en donde se liberaba del pago de hasta 250 mil pesos a empresarios que cometías infracciones graves.
Para el fiscal, estas denuncias no constituyeron casos puntuales. “Acciones como las de recibir dinero a cambio de anular, absolver, desestimar las infracciones, liberar los rodados, no fueron aisladas, ya que dicho magistrado pergeñó deliberadamente un esquema de marginalidad para tener un margen de acción y concretar dichas exigencias indebidas en su exclusivo beneficio”.
En la misma causa se habla de que “dicho funcionario recibía dinero para sí, proveniente de infracciones con el objeto de dejar de realizar algo propio de sus funciones como lo es el cobro de multas en concepto de sanción a infracciones legalmente impuestas, con el consecuente perjuicio al Estado”. Y concluye: “Todas estas maniobras conllevaron con el tiempo un enorme perjuicio patrimonial a los intereses del fisco”.
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