Otra ave negra del kirchnerismo

El negocio usurero de Ottavis

Además de incursionar en el teatro de revista, el legislador ultra K tiene otro negocio: presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de códigos de descuentos a empleados públicos. La iniciativa estaría hecha a medida de un polémico financista. Tiene mucha similitud con un decreto que se firmó diez días antes que asumiera Vidal, el cual terminó siendo derogado
El ultrakirchnerismo volvió a la carga con un viejo proyecto que, en los últimos años, fue archivado en dos ocasiones ante el reclamo unánime de las organizaciones sindicales de la Provincia. Se trata de la creación de un Registro Único de Códigos de Descuento, una iniciativa que estaría hecha a medida de determinadas financieras y usureros que buscan hacer negocios a costa de los bolsillos de docentes, estatales, policías y demás agentes de la administración pública bonaerense.
El encargado de llevar adelante la nueva ofensiva es nada menos que el polémico diputado provincial del Frente para la Victoria, José Ottavis, quien en los últimos dos años buscó hacerse conocido mediáticamente a partir de su relación con la vedette Victoria Xipolitakis  y por su actual participación en el teatro de revista, donde hasta se subió a las tablas vistiendo plumas con Moria Casán, actriz que no ha ocultado su simpatía con el kirchnerismo.
El proyecto D 4.278/16-17 del ex de Xipolitakis, que también tiene la firma de legisladores provinciales que pertenecen a La Cámpora (Juan Agustín Debandi, Marisol Merquel y Rocío Giacone), prácticamente es un calco del decreto 1.925, rubricado el 1º de diciembre de 2015 que, entre gallos y medianoche, intentó imponer el gobierno sciolista pocos días antes de que asumiera la gobernadora María Eugenia Vidal.
Tanto el proyecto de Ottavis como el decreto 1.925, que terminó siendo derogado por otro decreto firmado por la mandataria provincial, coinciden en un punto neurálgico. Obliga a todas las entidades que apliquen descuentos por los servicios que ofrecen a los trabajadores “a abonar el 1% de la totalidad de las sumas que la administración retenga con motivo de la aplicación de los códigos de descuento” a la autoridad de aplicación.

Es decir, se busca constituir una caja millonaria que podría estar hecha a medida de un polémico financista que estuvo detrás de todos los intentos infructuosos que, en igual sentido, se buscó aplicar durante la era K en territorio bonaerense. Nos referimos específicamente a Walter Roberto Grenon, titular de la mutual Itala.
El objetivo de Grenon, como ya lo reflejó oportunamente el diario Hoy, sería instaurar un sistema de préstamos sin cumplir los requisitos que establece la normativa vigente. No solo eso, además buscaría quedarse con el manejo del Registro Único de Código de Descuento, contemplado en la iniciativa de Ottavis, siendo el “plafón” de una recaudación millonaria. Asimismo, el proyecto camporista ofrece una “zanahoria” para bancos y financieras, ya que habilita cobrarle a los empleados públicos que tomen créditos hasta 5 puntos porcentuales más, en concepto de Costo Financiero Efectivo Anual, respecto a la tasa de referencia que informa periódicamente el Banco Provincia para las operaciones de préstamos personales a tasa fija para precalificados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Si lo llevamos al valor correspondiente a diciembre de 2016, el costo financiero podría acceder hasta el 46,5%, cuando algunas de las líneas del Banco Provincia, como es el caso de los créditos hipotecarios para vivienda única, tiene un tope del 25%.
Cabe destacar que en el decreto 64 que lleva la firma de Vidal se destaca que existe “interés público en mantener el régimen establecido en el decreto n° 754/00”, siendo esta última la normativa que protege los salarios de los agentes de la administración pública bonaerense. Entre otros puntos, la normativa vigente garantiza que a los empleados públicos no se les pueda aplicar descuentos que superen el 20% de su salario
El otro tema polémico del negocio es que, a partir de la iniciativa de Ottavis, se crea un régimen de sanciones que podría servir como mecanismo de disciplinamiento contra las organizaciones sociales y sindicales, que actualmente tienen código de descuento, que no adhieran a este perverso sistema. Las sanciones incluyen desde apercibimientos hasta suspensiones preventivas, y desde pérdida de los códigos de descuento en una o más jurisdicciones hasta eliminación definitiva de la inscripción en el registro. A su vez, se limita considerablemente el derecho a defensa: solo otorga diez días para que las entidades que sean sancionadas puedan efectuar su descargo, y le da atribuciones a la autoridad de aplicación, que son facultades exclusivas del Poder Judicial.

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