El bloque Renovador del HCD de Lavalle protege a una contadora ante la acusación de falsificación de documento público.

El intendente del Partido de General Lavalle acusa a su contadora Vanesa Montenegro por falsificación y adulteración de documentos públicos, dado que un Juez de Paz dejó de trabajar en diciembre de 2015, y en una documentación figura que siguió en su puesto durante el 2016, con el cambio de gobierno.


Se inició un expediente administrativo y causa penal en su contra; se procedió a suspenderla por 60 días sin goce de sueldo; pasado el tiempo que permite la reglamentación al respecto el ejecutivo presentó un proyecto de destitución de la contadora ante el HCD que es, en definitiva, la entidad que debe decidir sobre el tema, según determina la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El bloque renovador actuó de manera corporativa concediendo un derecho de defensa que ya había sido ejercido durante el expediente judicial.
Del punto de vista funcional, la no remoción de la contadora altera  la gestión del intendente ya que ese puesto es vital y requiere personal de suma confianza; este no es el caso.
Por otra parte, si la oposición ocupa un cargo fundamental puede trabar o alterar el normal desempeño de la acción de gobierno.
Una anécdota vale como simple ejemplo de  coacción:
Pocos días antes de asumir el cargo el Dr Ponte se encontró conque se le había aprobado el presupuesto del año 2016, atándolo a cifras que limitaron su función.
El reportaje del día de hoy deja sentado una serie de definiciones y experiencias que demuestran la debilidad de nuestro sistema democrático ante el accionar corporativo o mafioso de bloques políticos mayoritarios.

He aquí el audio:

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