Los cambios en el modelo de pagos que implementó en algunos de sus niveles de atención la obra social PAMI, regresando al sistema de “cápita” con el objetivo declarado de mejorar la ejecución y el control del presupuesto sanitario, siguen generando resquemores y rechazo entre profesionales de la salud de la Región y la Provincia.
Los médicos consideran que la medida de pasar de un mecanismo de pago por prestación a otro capitado, con cupos predeterminados y ajustables para clínicas en virtud de la cantidad de afiliados que atiendan cada mes, no tiene como finalidad afinar el lápiz para evitar irregularidades y gastos indebidos, sino que se encuadra en un proceso de “ajuste”.
Fuentes del PAMI, que posee cinco millones de afiliados en todo el país, la mitad de ellos en la Provincia -de los que se estima que más de 50 mil están en nuestra región- admitieron que “puede darse” una reducción global en los pagos del 10 al 15 por ciento, pero que esto “no implica ningún recorte en las prestaciones” sino que está vinculado con “la implementación de un modelo de retribución que permite aportar previsibilidad financiera tanto al Instituto como a sus prestadores”.
El esquema que entró en vigencia el primer día de mayo para los niveles de atención I (Ambulatorio/Atención Primaria y Traslados, exceptuando a los médicos de cabecera) y II (Ambulatorio/Sanatorial, Guardias, Especialistas e Internación) implica que cada mes el PAMI le asigna a cada clínica un “cupo” por los afiliados que se estima podrá atender, “de acuerdo con los niveles de complejidad de cada prestador” evaluados por las delegaciones que gestiona la mutual en cada ciudad del país.
Por ejemplo, se otorgan diez mil cupos; si al cabo de los treinta días el prestador atendió menos pacientes, se le paga de todos modos la cápita correspondiente a esa cantidad de consultas y prácticas; si atendió más, debe certificar y justificar con documentación adicional la utilización de los cupos extra ante una auditoría, para poder cobrarlos.
Esto genera descontento entre los médicos que atienden en el casi centenar de sanatorios y clínicas afectadas por la resolución en La Plata, Berisso y Ensenada, por considerar que “los costos no van a resultar viables y puede discontinuarse la atención”.
Ayer se conoció un comunicado en ese sentido, suscrito por quince asociaciones médicas del sur bonaerense, nucleadas en la X circunscripción de FEMEBA, entre ellas las de Bahía Blanca, Patagones, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Tornquist y Coronel Pringles. El documento rechaza de manera “tajante” la “decisión unilateral” del PAMI de volver al sistema capitado, y sentencia que “perjudica tanto al médico como al jubilado”.
Las entidades señalan que “se va a generar un retraso global de los aranceles y salarios profesionales junto a una severa crisis de las entidades sanitarias públicas y privadas; el costo sanitario se va a transferir a las clínicas, hospitales municipales, asociaciones y círculos médicos de toda la Provincia”.
También desde APPAMIA, que nuclea a más de 150 médicos de cabecera de nuestra región, salieron a pegarle a la obra social de la tercera edad: “no es posible que la variable de ajuste sean los abuelos y los profesionales; repudiamos las políticas de ajuste y recorte que sólo conducen a una drástica reducción de las prestaciones básicas a los jubilados, y peores condiciones laborales para nuestros profesionales”.
FINAL DE CONVENIO
Con la advertencia de la industria farmacéutica de que a partir del primer minuto del jueves dejaría de aceptar descuentos por PAMI, asoma un nuevo frente de tormenta para la obra social nacional.
Aunque desde el instituto aseguran que “la cobertura está totalmente garantizada en idénticas condiciones a las actuales”, los laboratorios acusan a los funcionarios de rescindir unilateralmente el acuerdo prestacional que las partes habían firmado a fines de enero pasado.
En este contexto, de no mediar una renegociación de términos -en la que pretenden terciar también los farmacéuticos- se “caerían” los descuentos por tiempo indeterminado.
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