Macri, frente al poder subterráneo. Nuevas funciones y condiciones prioritarias. Gils Carbó y su poder no tan oculto.
Cada tanto, cuando el ruido del conflicto político lo aturde, Mauricio Macri le pega una mirada a un papel que está en su despacho. Es el ensayo de una encuestadora sobre la intención de voto entre él y Cristina Kirchner.
Si hoy hubiera elecciones presidenciales, Macri obtendría el 57 por ciento de los votos, y Cristina, el 30. La misma medición indica que su imagen positiva nacional subió 23 puntos después de las elecciones primarias y que ahora está rondando el 60 por ciento.
Es un consuelo cuando la crisis por la desaparición de Santiago Maldonado amenaza con dejarlo sin aliento. El Presidente se ha convertido en un investigador policial. ¿Se están haciendo los análisis para determinar si Matías Santana pudo ver con binoculares el lugar de la ruta 40 donde se produjeron los forcejeos entre la Gendarmería y un grupo de mapuches? ¿Por qué el juez de Esquel, Guido Otranto, no ordenó el allanamiento del "territorio sagrado" mapuche? Pregunta y repregunta.
El Presidente tiene dos prioridades: que Santiago Maldonado aparezca cuanto antes con vida y que ningún dato nuevo desacredite a las fuerzas de seguridad. Las necesita y las necesitará. La certeza más común en su gobierno es que la violencia callejera será una constante de los próximos tiempos. La violencia opositora ocupará el lugar de la retórica opositora. Hay grupos y organizaciones que se mueven en las sombras. Macri quiere cambiar definitivamente el estilo de los Kirchner en el manejo de esas fuerzas. Éstas no pueden estar bajo permanente sospecha, ha dicho. Ni la Gendarmería ni la Policía Federal ni la de la Ciudad. En la primera refriega violenta del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en la Capital, frente al Congreso, los revoltosos quemaron dos motos de la Policía. No hubo ningún detenido. No hubo ninguna denuncia penal. El Gobierno les preguntó a los policías por qué no habían hecho nada. Respuesta: los policías no quieren vérselas luego con los fiscales de Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), una oficina de fiscales que depende de Alejandra Gils Carbó.
Gils Carbó forma parte de ese poder oculto que aguijonea al Gobierno, tal vez en nombre de Cristina Kirchner. Lo cierto es que los fiscales de Gils Carbó intoxican al Juzgado Federal de Esquel con pruebas más malas que buenas. Ellos fueron los que le llevaron al juez Otranto un falso informe de inteligencia de la Policía Federal, que atribuía a la Gendarmería no sólo la desaparición de Maldonado, sino también su asesinato. No fue el legislador Gustavo Vera quien hizo llegar al juzgado ese papel embustero (aunque también Vera lo revoleaba), sino los fiscales de Gils Carbó. Cuando Alberto Nisman murió extrañamente, Gils Carbó se limitó a ofrecerle a la fiscal del caso, Viviana Fein, un respaldo formal. Cuando Lázaro Báez cayó por primera vez en las garras de la justicia federal, Gils Carbó se ocupó, rápida, de enviar un fiscal para cambiarle la carátula a la investigación sobre Báez. El cambio beneficiaba a Báez -cómo no-.
Joaquín Morales Solá.
La Nación
Si hoy hubiera elecciones presidenciales, Macri obtendría el 57 por ciento de los votos, y Cristina, el 30. La misma medición indica que su imagen positiva nacional subió 23 puntos después de las elecciones primarias y que ahora está rondando el 60 por ciento.
Es un consuelo cuando la crisis por la desaparición de Santiago Maldonado amenaza con dejarlo sin aliento. El Presidente se ha convertido en un investigador policial. ¿Se están haciendo los análisis para determinar si Matías Santana pudo ver con binoculares el lugar de la ruta 40 donde se produjeron los forcejeos entre la Gendarmería y un grupo de mapuches? ¿Por qué el juez de Esquel, Guido Otranto, no ordenó el allanamiento del "territorio sagrado" mapuche? Pregunta y repregunta.
El Presidente tiene dos prioridades: que Santiago Maldonado aparezca cuanto antes con vida y que ningún dato nuevo desacredite a las fuerzas de seguridad. Las necesita y las necesitará. La certeza más común en su gobierno es que la violencia callejera será una constante de los próximos tiempos. La violencia opositora ocupará el lugar de la retórica opositora. Hay grupos y organizaciones que se mueven en las sombras. Macri quiere cambiar definitivamente el estilo de los Kirchner en el manejo de esas fuerzas. Éstas no pueden estar bajo permanente sospecha, ha dicho. Ni la Gendarmería ni la Policía Federal ni la de la Ciudad. En la primera refriega violenta del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en la Capital, frente al Congreso, los revoltosos quemaron dos motos de la Policía. No hubo ningún detenido. No hubo ninguna denuncia penal. El Gobierno les preguntó a los policías por qué no habían hecho nada. Respuesta: los policías no quieren vérselas luego con los fiscales de Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), una oficina de fiscales que depende de Alejandra Gils Carbó.
Gils Carbó forma parte de ese poder oculto que aguijonea al Gobierno, tal vez en nombre de Cristina Kirchner. Lo cierto es que los fiscales de Gils Carbó intoxican al Juzgado Federal de Esquel con pruebas más malas que buenas. Ellos fueron los que le llevaron al juez Otranto un falso informe de inteligencia de la Policía Federal, que atribuía a la Gendarmería no sólo la desaparición de Maldonado, sino también su asesinato. No fue el legislador Gustavo Vera quien hizo llegar al juzgado ese papel embustero (aunque también Vera lo revoleaba), sino los fiscales de Gils Carbó. Cuando Alberto Nisman murió extrañamente, Gils Carbó se limitó a ofrecerle a la fiscal del caso, Viviana Fein, un respaldo formal. Cuando Lázaro Báez cayó por primera vez en las garras de la justicia federal, Gils Carbó se ocupó, rápida, de enviar un fiscal para cambiarle la carátula a la investigación sobre Báez. El cambio beneficiaba a Báez -cómo no-.
Joaquín Morales Solá.
La Nación
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