Las denuncias por coimas en el ARA San Juan complican al kirchnerismo y al gobierno

El gobierno contaba con informes clasificados de los organismo de control y denuncias de sus propios legisladores sobre las coimas y sobornos en el Ministerio de Defensa en las contrataciones realizadas durante el kirchnerismo para reparar el submarino ARA San Juan, perdido hace 11 días en el mar Argentino.

Una declaración del ex directivo de la firma había destapado el caso. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En un documento que por esos días se incorporó a la causa en poder del juez Ariel Lijo, un ex directivo de Ferrostaal había declarado en la fiscalía de Munich que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al funcionario Parrinella (alias ‘Goldlocke'), colaborador de la Marina, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del Ministerio, especialmente en el área de compras".

"El señor Parrinella -añadió- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers [ex presidente de Ferrostaal en la Argentina] y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma", dice el expediente, según se puede leer en notas de la época.

Esa era la línea de investigación de Giubergia en 2010. El entonces diputado radical seguía la ruta de las coimas. Es decir, que los funcionarios que hoy están al frente del gobierno estaban al tanto de los negociados y contaban con información sensible de los negociados del kirchenerismo en aquellos años de pleno apogeo.

Pero además, la preocupación por el verdadero estado de las baterías del submarino continuó cuando llegó el momento de reparar el ARA San Juan, luego de años de demoras, que acaso contribuyeron a su presunto mal estado.

En La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon reveló este sábado la existencia de dos informes con los que contaba el gobierno, alertando sobre este riesgo. Uno es una investigación interna del Ministerio de Defensa. Y el otro una auditoría de la Sindicatura General (Sigen).

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores -como Ferrostaal-, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.
"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de Defensa.
En la auditoría MD 13776/16, de mayo de 2016, los técnicos de la Sigen, expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de garantía", dice el texto citado por La Nación.
Esta crisis evidencia la falta de control político del gobierno sobre lo que ocurre en Defensa, algo que deja en mala posición al ministro Oscar Aguad. Los mecanismos de control del Estado funcionaron, también el rol de contralor de la entonces oposición en el Congreso. Lo que no hubo fue una decisión política consecuente sobre el tema.

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