De acuerdo con la información, “se está haciendo este relevamiento para informarle a la gente de sus afiliaciones para que sepan esa situación y si tienen su consentimiento”.
El ministerio del área salió rápidamente a explicar sobre esta ilegalidad, a partir de una nota publicada por Clarín sobre denuncias de 8.000 afiliaciones compulsivas realizadas por el Soeme, alguna de las cuales tramitan en la fiscalía platense de Alvaro Garganta. Esta irregularidad fue atribuida, en su momento, a cierta connivencia en la administración de Daniel Scioli, porque las afiliaciones "de prepo" fueron entre 2011 y 2014. Pero hasta 2017 no se conocieron bajas en el listado de descuentos que confecciona la DGE provincial, para trasladar luego a las boletas de pago de sueldo.
Este año, el 3 de enero, cuando se conoció la aprehensión de Balcedo, el ministro Gabriel Sánchez Zinny firmó una resolución para disponer el cese de descuentos sindical destinados al Soeme de casi 1100 empleados del sector. Además, ayer comunicaron que el ministerio hizo cambios en el sistema administrativo de la Dirección de Liquidación de la DGE, donde se dieron de baja todas las claves al sistema que "eran necesarias y justificadas”.
Tanta premura oficial responde a la decisión de resguardar la gestión macrista de cualquier actividad burocrática que pueda quedar ligada a causas judiciales que involucren a sindicalistas. Pasa con el caso de Juan Pablo “Pata “ Medina (Uocra) y ahora también con Balcedo. Antes bien, se adjudica el juzgamiento de ambos -precedidos de Omar "caballo" Suárez (Somu)- al mérito político del tandem Mauricio Macri -María Eugenia Vidal en avalar estos procesos.
Aún garantizado el resguardo, y a pesar que las denuncias de las maniobras en el Soeme son entre 2011 y 2014, voceros del ex director General de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, salieron a informar que en 2016 el funcionario presentó una denuncia judicial por falseamiento de documento público, a raíz de detecciones en anomalía de afiliaciones de hecho, sin aparente consentimiento del aportante.
También, por ese episodio, aseguran “se estableció un nuevo circuito administrativo que buscaba elevar el nivel de los controles, obligando a las organizaciones a certificar nuevas afiliaciones declaradas en cada cierre”.
En los últimos años, por lo menos 8.000 personas había sido afectadas por este mecanismo ilegal. En La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trenque Lauquén, Bragado, Merlo, La Matanza, entre otros distritos de la Provincia se levantaron quejas por el accionar de Balcedo.
Eran, hasta el año pasado, 1,6 millones de pesos de escurrimiento mensual del salario de auxiliares, con destino sindical. Un promedio de 195 pesos por cada recibo salarial.
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