En medio de la habitual inercia del período estival, la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal ya comenzó a monitorear el desarrollo de la temporada de verano en las costa Atlántica -procurando imponer la impronta de Cambiemos en las playas- y la primera mandataria volvió a ocupar el centro de la escena pública.
Ya consolidada en la figura del PRO con mejor proyección electoral nacional, ahora sorprendió a propios y extraños con la realización de un anuncio que no hace más que confirmar una marca de gestión: la provincia realizará la primera licitación pública de Casinos en 23 años, un anuncio que se dio a la par de los cierres de los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea.
Con el empresario kirchnerista Cristóbal López -ahora acorralado judicialmente- como principal bandera y beneficiario durante largos años, el juego en la provincia se viene desarrollando con reglas propias y con un control estatal tan laxo como flexible. Ahora la apuesta de "Mariu" es erradicarlo progresivamente a tal punto de que lo definió como "un problema que no ha tenido freno durante años por la connivencia de muchos dirigentes políticos"
Contundentes, las palabras de la gobernadora de la provincia más poblada del país se oyeron con ecos resonantes durante el anuncio en Gobernación, donde especificó que unas 4 mil máquinas tragamonedas de 7 casinos serán licitadas con el propósito de combatir el juego ilegal.
Incertidumbre laboral
Como contrapartida de esta noticia que quizá se convierta en la más importante en materia de gestión a nivel provincial, algunas problemáticas continuaron profundizándose en la esfera de su administración.
Una de ellas, y tal lo indicó NOVA durante la semana que termina, es la preocupación creciente que genera la reestructuración estatal en muchas dependencias. Es el caso de Desarrollo Social -una cartera que siempre ofició de "caja" política por los volúmenes de dinero que maneja para planes y programas sociales- donde 146 trabajadores pasaron a estar en "disponibilidad relativa", por lo que no saben dónde realizarán su tarea.
La preocupación suscitó una movida de protesta que se dio en formato de radio abierta en la puerta de la cartera social, donde le pidieron respuestas a Santiago López Medrano.
También como producto de esta política de "ajuste" gubernamental -que incluyó la reducción en un 30 % del personal político en calle 6 y en muchos municipios-, y tras 12 días de toma, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) decidieron ir a un paro que fue decidido después de una concurrida asamblea.
Respecto del cierre del organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, únicamente se ha pronunciado Diego Julio Martínez,
vicepresidente 1º del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, quién indicó que "se trata de una decisión de índole estrictamente administrativa".
Pero los trabajadores desmienten esos argumentos y acusaron al gobierno provincial de no querer dialogar y que “nos maltrataron desde el primer día que se pusieron adelante nuestro, sufrimos maltrato permanente”. Y pidieron ser reincorporado, porque “necesitamos seguir mostrando que lo que nosotros pedimos es razonable, estamos pidiendo diálogo”.
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