El derrumbe de la obra donde se construía el Multiespacio Cultural de Santa Teresita expuso a Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de La Costa. La falla del control municipal hacia la empresa que ganó la licitación derivó en una tragedia que causó 6 muertes
Las cámaras del Municipio no grabaron el
derrumbe por 20 minutos.
El 3 de marzo de 2018, Santa Teresita cumplía 72 años, y el intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús, quería celebrarlo con un spot donde se mostrara de fondo la joya arquitectónica de la comuna: el Multiespacio Cultural que se levantaba en el predio de costanera entre calles 43 y 44.
Por eso, el viernes 2 -junto a su equipo de prensa- se decidió a grabar un mensaje para los vecinos. Llegó a la obra antes del mediodía, la recorrió acompañado por parte de su gabinete y luego habló frente a los equipos de filmación, que también incluían un drone sobrevolando esa estructura gigante de hierro y cemento. Cuando se retiró, el reloj marcaba las 12.30.
Minutos después, la imagen era otra:
el derrumbe de la losa había cambiado el
escenario y debajo de los escombros se
perdía la vida de seis obreros, que fueron
identificados como Daniel León Calhuara,
Estanislao Sosa, Eduardo Gustavo Barreto,
Huber Quispe, Grover Edson y Luis Ruiz
Camacho.
Rápido de reflejos, el Municipio se presentó ante la Justicia como particular damnificado, pero, fuera del rol que a la gestión que encabeza De Jesús le gustaría encarnar, existen otras miradas que dejan al descubierto las fallas sobre los controles que desde el Ejecutivo local debieron realizarse sobre las etapas de la construcción y, también, sobre la empresa Grupo Perfil S.A., que -en mayo del 2017- ganó la licitación para llevar adelante la obra por un monto que supera los 68 millones de pesos. Al menos así lo indican una serie de documentos a los que La Tecla tuvo acceso.
Uno de ellos es el contrato que delimita las responsabilidades de cada una de las partes. En dicho documento, el articulado N° 9 sostiene que “el municipio no se desprende de la posesión material de la obra y ejercerá la superintendencia de los trabajos”. En tanto, en el pliego de bases y condiciones se deja establecido que los planos de obra, instalaciones y cálculos de hormigón armado “serán visados y aprobados por la Dirección de Obras Públicas”.
Más adelante,
en el mismo documento, se deja explícitamente
sentado que “no se autorizará la
realización de los trabajos sin que haya
sido intervenida por la municipalidad
toda la documentación técnica correspondiente
a la presente obra”.
La falta de control por parte del Municipio
era un secreto a voces, la tragedia sólo la
expuso. Incluso uno de los obreros que pudo
salir con vida, pero prefirió no dar su nombre,
aseveró que alrededor de las 11.30 horas
de la mañana del derrumbe le avisó al capataz
que los puntales que sostenían la estructura “se estaban
doblando”.
Germán Jardón y Evangelina Cardone, ediles de Cambiemos, en diálogo con La Tecla aseguraron que “la ausencia del Estado municipal en el control de la obra pública es una constante”. En ese sentido alertaron, además, que “desde el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Mar del Plata, que es la sede a la cual responde nuestra jurisdicción, nos confirmaron que la obra nunca fue visada”.
A priori, Gustavo Mascioli -el fiscal que lleva adelante la investigación de la causa señala a dos responsables primarios por parte del Municipio: el secretario de Obras Públicas del Partido de La Costa, Juan Pablo García, y el director de esa dependencia, Danilo Taranti. “Lo más lógico es pensar que ellos tengan en prima facie algún tipo de responsabilidad, porque eran los encargados de manejar el área de la construcción municipal”, confió a este medio el representante del Ministerio Público.
El mapa completo de los factores que se conjugaron para que el derrumbe se produjera saldrá a la luz cuando se terminen las instrucciones, pero el propio Jardón -de profesión constructor- tiene sospechas más que fundadas sobre lo que pudo haber salido mal. “El apuntalamiento falló, la segunda línea de puntales superior a la que venía desde el subsuelo no estaba en línea, hicieron un apuntalamiento y lo continuaron arriba de tablones. El primer puntal apoyaba un tablón; arriba de ese tablón apoyaba un segundo puntal, que era el que sostenía la loza, y ambos estaban en línea, había una separación de 0,80 centímetros y 1,20 metros entre puntales y puntales, de modo que fácilmente se puede quebrar un tablón y ahí se te desmorona todo”, explicó. El edil agregó que “en el momento de la llenada, la losa se movía mucho, y eso no es normal. Alguien los mandó a estos trabajadores a afirmar los puntales, y ahí, al no estar en línea, donde zafaron un par se vino abajo todo de golpe”.
Un dato clave para la causa, que ya acumula 7 cuerpos y 1.400 fojas de investigación, es conocer si alguno de los obreros sabía de antemano que existía la posibilidad de que la construcción se viniera abajo. Las instrucciones policiales que se realizaron post derrumbe negaron que esa información haya sido ratificada por algunos comerciantes de la zona, pero existen otros que, off the record, aseguran haber tenido trato con Gustavo Barreto, sereno de la construcción y una de las seis víctimas fatales. “Con Gustavo íbamos a la playa a tomar una cerveza, hablábamos de la obra y me comentaba que, si no se derrumbaba, nos íbamos a volver a ver”.
No obstante, la falta de control sobre el andar de la edificación es sólo una de las caras en las que el Municipio dejó mucho que desear. El otro lado lo encarnan las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos los obreros.
La empresa hizo lo que quiso y nadie lo advirtió. Alejandro Quevedo, hermano por parte de madre de Gustavo Barreto, dio detalles de las condiciones contractuales. “Mi hermano era el sereno. Hay un video que nos envió y que daba cuenta del lugar donde dormía, debajo de la losa, en camas cuchetas, cagado de frío; por 60 pesos la hora, en negro, sin ART, sin seguro, sin nada”, relató a La Tecla.
No es la única arista en offside. Volviendo al pliego de bases y condiciones en torno a la obra en cuestión, el artículo N° 28 daba cuenta de que “el contratista empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia para ocuparlo en trabajos de igual competencia al radicado en el Partido de La Costa, con una proporción no menor al ochenta por ciento (80%) del total del personal de obra”.
Pero -según pudo saber este medio- la mayoría de los trabajadores empleados eran de nacionalidades boliviana y paraguaya y con asentamiento en Villa Gesell. Más allá de la falta de controles y lo estrictamente legal, lo que molestó a los familiares de las víctimas fue la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo local.
Así se sintetiza el manejo oficial en torno a la tragedia: post derrumbe no hubo ningún tipo de comunicación por parte del Municipio. Incluso algunos se enteraron el día después, cuando los medios de comunicación oficializaron la lista de las víctimas.
Latecla.info
Martes 20 de marzo de 2018
El 3 de marzo de 2018, Santa Teresita cumplía 72 años, y el intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús, quería celebrarlo con un spot donde se mostrara de fondo la joya arquitectónica de la comuna: el Multiespacio Cultural que se levantaba en el predio de costanera entre calles 43 y 44.
Por eso, el viernes 2 -junto a su equipo de prensa- se decidió a grabar un mensaje para los vecinos. Llegó a la obra antes del mediodía, la recorrió acompañado por parte de su gabinete y luego habló frente a los equipos de filmación, que también incluían un drone sobrevolando esa estructura gigante de hierro y cemento. Cuando se retiró, el reloj marcaba las 12.30.
Rápido de reflejos, el Municipio se presentó ante la Justicia como particular damnificado, pero, fuera del rol que a la gestión que encabeza De Jesús le gustaría encarnar, existen otras miradas que dejan al descubierto las fallas sobre los controles que desde el Ejecutivo local debieron realizarse sobre las etapas de la construcción y, también, sobre la empresa Grupo Perfil S.A., que -en mayo del 2017- ganó la licitación para llevar adelante la obra por un monto que supera los 68 millones de pesos. Al menos así lo indican una serie de documentos a los que La Tecla tuvo acceso.
Uno de ellos es el contrato que delimita las responsabilidades de cada una de las partes. En dicho documento, el articulado N° 9 sostiene que “el municipio no se desprende de la posesión material de la obra y ejercerá la superintendencia de los trabajos”. En tanto, en el pliego de bases y condiciones se deja establecido que los planos de obra, instalaciones y cálculos de hormigón armado “serán visados y aprobados por la Dirección de Obras Públicas”.
Germán Jardón y Evangelina Cardone, ediles de Cambiemos, en diálogo con La Tecla aseguraron que “la ausencia del Estado municipal en el control de la obra pública es una constante”. En ese sentido alertaron, además, que “desde el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Mar del Plata, que es la sede a la cual responde nuestra jurisdicción, nos confirmaron que la obra nunca fue visada”.
A priori, Gustavo Mascioli -el fiscal que lleva adelante la investigación de la causa señala a dos responsables primarios por parte del Municipio: el secretario de Obras Públicas del Partido de La Costa, Juan Pablo García, y el director de esa dependencia, Danilo Taranti. “Lo más lógico es pensar que ellos tengan en prima facie algún tipo de responsabilidad, porque eran los encargados de manejar el área de la construcción municipal”, confió a este medio el representante del Ministerio Público.
El mapa completo de los factores que se conjugaron para que el derrumbe se produjera saldrá a la luz cuando se terminen las instrucciones, pero el propio Jardón -de profesión constructor- tiene sospechas más que fundadas sobre lo que pudo haber salido mal. “El apuntalamiento falló, la segunda línea de puntales superior a la que venía desde el subsuelo no estaba en línea, hicieron un apuntalamiento y lo continuaron arriba de tablones. El primer puntal apoyaba un tablón; arriba de ese tablón apoyaba un segundo puntal, que era el que sostenía la loza, y ambos estaban en línea, había una separación de 0,80 centímetros y 1,20 metros entre puntales y puntales, de modo que fácilmente se puede quebrar un tablón y ahí se te desmorona todo”, explicó. El edil agregó que “en el momento de la llenada, la losa se movía mucho, y eso no es normal. Alguien los mandó a estos trabajadores a afirmar los puntales, y ahí, al no estar en línea, donde zafaron un par se vino abajo todo de golpe”.
Un dato clave para la causa, que ya acumula 7 cuerpos y 1.400 fojas de investigación, es conocer si alguno de los obreros sabía de antemano que existía la posibilidad de que la construcción se viniera abajo. Las instrucciones policiales que se realizaron post derrumbe negaron que esa información haya sido ratificada por algunos comerciantes de la zona, pero existen otros que, off the record, aseguran haber tenido trato con Gustavo Barreto, sereno de la construcción y una de las seis víctimas fatales. “Con Gustavo íbamos a la playa a tomar una cerveza, hablábamos de la obra y me comentaba que, si no se derrumbaba, nos íbamos a volver a ver”.
No obstante, la falta de control sobre el andar de la edificación es sólo una de las caras en las que el Municipio dejó mucho que desear. El otro lado lo encarnan las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos los obreros.
La empresa hizo lo que quiso y nadie lo advirtió. Alejandro Quevedo, hermano por parte de madre de Gustavo Barreto, dio detalles de las condiciones contractuales. “Mi hermano era el sereno. Hay un video que nos envió y que daba cuenta del lugar donde dormía, debajo de la losa, en camas cuchetas, cagado de frío; por 60 pesos la hora, en negro, sin ART, sin seguro, sin nada”, relató a La Tecla.
No es la única arista en offside. Volviendo al pliego de bases y condiciones en torno a la obra en cuestión, el artículo N° 28 daba cuenta de que “el contratista empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia para ocuparlo en trabajos de igual competencia al radicado en el Partido de La Costa, con una proporción no menor al ochenta por ciento (80%) del total del personal de obra”.
Pero -según pudo saber este medio- la mayoría de los trabajadores empleados eran de nacionalidades boliviana y paraguaya y con asentamiento en Villa Gesell. Más allá de la falta de controles y lo estrictamente legal, lo que molestó a los familiares de las víctimas fue la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo local.
Así se sintetiza el manejo oficial en torno a la tragedia: post derrumbe no hubo ningún tipo de comunicación por parte del Municipio. Incluso algunos se enteraron el día después, cuando los medios de comunicación oficializaron la lista de las víctimas.
Latecla.info
Martes 20 de marzo de 2018
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