El paro convocado por CGT para este lunes, en rechazo a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Mauricio Macri, ha sido realmente contundente, ya que ha se han sumado a la medida distintos gremios, como es el caso de la UTA y Camioneros, que ha dejado sin movimiento las calles de las distintas ciudades del país. En nuestro distrito, la huelga también se sintió, incluso con comercios que no levantaron sus persianas.
Damián Comas, Secretario General de la CGT del Tuyú, señaló que “todas nuestras actividades han paralizado, los trabajadores no se presentaron a trabajar”, y en lo que respecta puntualmente a los choferes de camiones y ómnibus de larga distancia, indicó que los mismos han sido acompañados durante la jornada por trabajadores, en los espacio definidos para ello, que explicó que fueron “el ingreso a General Lavalle, en la rotonda de Pinamar y en el peaje de Maipú”, donde comentó que “les acercamos un desayuno, un almuerzo y una merienda a todos los trabajadores camioneros”.
En el partido de La Costa, la adhesión del gremio de camioneros y del transporte ha generado que durante la medida de fuerza no hubiera reparto de productos, como así tampoco ómnibus urbanos ni de larga distancia. Al mismo tiempo, las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas, ya que también se sumaron al paro los sindicatos docentes.
Comas consideró que a pesar de la contundencia “sabemos muy bien que este Gobierno no a va dar respuesta”, por lo que resaltó: “Ya tenemos que estar pensando en un plan de lucha que sea más contundente, para que obviamente entienda este Gobierno que nuestro deseo no es que se vaya antes, sino que termine su mandato pero que cambie el rumbo económico. Si no cambia el rumbo económico, lamentablemente las protestas se van a seguir agudizando y vamos a salir a la calle a seguir luchando”.
Algunas de estas herramientas son preaviso, conciliación obligatoria, servicios de mantenimiento, piquetes limitados, respeto por los derechos y libertades de los no huelguistas, mediación y arbitrajes voluntarios entre otras.
Se debe prever mecanismos para aquellas huelgas que se desarrollen en el ámbito de los servicios de importancia pública trascendental. En estos casos, además de las medidas comunes a todas las huelgas, el Estado puede imponer un determinado nivel de servicios mínimos que los convocantes del paro y los huelguistas están obligados a mantener, so pena de severas sanciones.
Se debe prever mecanismos para aquellas huelgas que se desarrollen en el ámbito de los servicios de importancia pública trascendental. En estos casos, además de las medidas comunes a todas las huelgas, el Estado puede imponer un determinado nivel de servicios mínimos que los convocantes del paro y los huelguistas están obligados a mantener, so pena de severas sanciones.
En la Argentina fragmentada y hosca, la actitud de la sociedad osciló entre la desconfianza y la represión a las acciones obreras y la trayectoria del peronismo no fue lineal. Mientras que la reforma constitucional de 1949 rechazó expresamente incorporar el derecho de huelga a los derechos de los trabajadores, los sindicatos oficiales, en sinfonía con los gobiernos del primer peronismo, alternativamente prohijaron y reprimieron huelgas. A su turno, la resistencia peronista sacralizó el derecho de huelga como una categoría absoluta compatible con la violencia, desatando inercias que terminarían arrinconando al segundo peronismo y dando alas al terrorismo industrial (1973-1976).
En el apogeo del pacto Kirchner-Moyano se dictaron las reglas actualmente vigentes en el ámbito nacional, algunos de cuyos principios se expandieron a las provincias, sobre todo a la provincia de Buenos Aires.
Aquel pacto está en la raíz de la Ley 25.877/03 que excluyó al transporte, la seguridad y la educación del listado de servicios esenciales. Si bien la ley permitió excepciones y abrió la puerta para añadir a ese listado a los servicios públicos de importancia trascendental (entre los que bien podrían incluirse por lo pronto a la educación y al transporte), nunca se llegó a añadir servicio alguno. Para que esto suceda, resulta obligada la intervención de una comisión independiente; recién entonces, luego de producida tal calificación, el Gobierno podría obligar al mantenimiento de los servicios mínimos.
Esta concesión del peronismo bonaerense a los sindicatos oficiales que actúan en el sector público provincial resulta contraria a la Constitución Nacional y sirve de coartada para desamparar los derechos fundamentales de los alumnos o de los ciudadanos que recurren, por ejemplo, a los servicios estatales de salud y transporte.
El gobierno del presidente Mauricio Macri no atina a diseñar una estrategia que, respetando escrupulosamente el derecho de huelga, defina los criterios y construya las herramientas para hacer compatible su ejercicio con otros derechos de igual o superior jerarquía constitucional.
Desde el punto de vista estrictamente técnico - jurídico el asunto es sencillo: bastaría con derogar el artículo 24 de la Ley 25.877/04 y sus reglamentos, y reemplazarlo por un púbico y formal compromiso de seguir lealmente los dictados del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Un compromiso que, además, debería contemplar la reconfiguración de la comisión independiente y su convocatoria a la tarea de definir un mapa de servicios esenciales, servicios de importancia trascendental, servicios mínimos y servicios de mantenimiento.
Desde el punto de vista estrictamente técnico - jurídico el asunto es sencillo: bastaría con derogar el artículo 24 de la Ley 25.877/04 y sus reglamentos, y reemplazarlo por un púbico y formal compromiso de seguir lealmente los dictados del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Un compromiso que, además, debería contemplar la reconfiguración de la comisión independiente y su convocatoria a la tarea de definir un mapa de servicios esenciales, servicios de importancia trascendental, servicios mínimos y servicios de mantenimiento.
El no pago de los salarios caídos a los huelguistas y la firme vocación de dialogar en busca de soluciones integran su escueto activo. La mora en regular la huelga, la falta de convocatoria a la comisión independiente, las vacilaciones a la hora de exigir preavisos, llamar a la conciliación obligatoria e imponer las sanciones previstas en los casos que así procede legalmente, son parte de los errores a enmendar.
A esta lista de desaciertos, forzosamente incompleta, añadiría la gestión del Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto por los salarios de los trabajadores de los bancos, y la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de premiar a los docentes que no se pliegan a la huelga en la provincia de Buenos Aires.
Conclusión:
Nuevamente el ciudadano se halla atrapado en una trampa sin salida; por un lado son testigos resignados e indignados cuando los sindicalistas y algunos pocos obreros militantes del K-/-Izquierda que no dudan en recurrir a las amenazas o violencia para restringir los derechos de aquéllos que desean trabajar y no plegarse al cese de tareas (vi actuar a los piquetes intimidatorios en las rotondas de la ruta entre Bahía Blanca y la Costa) y, por el otro un profundo sentimiento de frustración ante la negativa del gobierno para llevar a cabo las modificaciones legales necesarias para reglamentar el derecho de huelga que, como hemos visto, no está reglamentado.
También exhibieron su esencia fascista totalitaria en el Consejo Escolar de la Costa cuando bloquearon con claves las computadoras que debían utilizar los consejeros de la oposición que concurrieron a trabajar
Como burdo remate debemos soportar que unos sindicalistas prepotentes utilicen sus poderes de convocatoria y condicionamiento militante exijan cambios en la política económica del actual gobierno cuando no son responsables sobre esos temas ya que NO FUERON VENCEDORES EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL.
ESTE DISCURSO es un claro mensaje subversivo y sedicioso para buscar resultados en política económica que se hallan totalmente fuera de su esfera de decisión.
También exhibieron su esencia fascista totalitaria en el Consejo Escolar de la Costa cuando bloquearon con claves las computadoras que debían utilizar los consejeros de la oposición que concurrieron a trabajar
Como burdo remate debemos soportar que unos sindicalistas prepotentes utilicen sus poderes de convocatoria y condicionamiento militante exijan cambios en la política económica del actual gobierno cuando no son responsables sobre esos temas ya que NO FUERON VENCEDORES EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL.
ESTE DISCURSO es un claro mensaje subversivo y sedicioso para buscar resultados en política económica que se hallan totalmente fuera de su esfera de decisión.
Los no peronistas tenemos que soportar los atropellos de las patotas sindicales.
Pienso que si seguimos en este camino perderemos lo escaso de la democracia que ahora disfrutamos y deberemos tolerar las teorías económicas de sindicalistas del estilo de Moyano, Sobrero y Baradel que no se caracterizan por sus valores éticos.
Macri deberá dar la batalla del poder contra estos desaforados; la peor consecuencia puede ser que deba renunciar pero por lo menos defendió sus convicciones y también las mías. No es momento de ser pasivo.
Pienso que si seguimos en este camino perderemos lo escaso de la democracia que ahora disfrutamos y deberemos tolerar las teorías económicas de sindicalistas del estilo de Moyano, Sobrero y Baradel que no se caracterizan por sus valores éticos.
Macri deberá dar la batalla del poder contra estos desaforados; la peor consecuencia puede ser que deba renunciar pero por lo menos defendió sus convicciones y también las mías. No es momento de ser pasivo.
www.eltribuno.com/salta/nota/2017-3-23-0-0-0-el-derecho-de-huelga-y-sus-limites
www.opiniondelacosta.com.ar
DEC
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