Una verdadera guerra de nervios se desarrolla silenciosamente por estos días en distintos ámbitos de la política nacional y bonaerense. Y no es para menos: la aceptación de José López como nuevo “arrepentido” en la causa de los cuadernos ya puso a circular, extraoficialmente, un listado de gobernadores e intendentes que podrían ser mencionados por el ex funcionario kirchnerista.
Este fin de semana, esos listados podrían engrosarse en forma ostensible. Ayer trascendió que dos intendentes del sur del Conurbano (uno actual y otro ex) y un gobernador peronista del interior del país fueron señalados por López. Otros 26 jefes comunales –la mayoría de ellos del interior bonaerense- se enteraron de que serán citados a declarar por el juez federal Claudio Bonadio.
De algún modo, fuentes políticas filtraron los nombres de esos jefes comunales –algunos con mandato vencido-, que desarrollaron obra pública nacional en sus distritos durante la era kirchnerista en el poder (2003-15), con lo cual la Justicia podrá la lupa en sus gestiones para saber si fueron parte del mecanismo de recaudación ilegal que ya confesó una decena de empresarios.
Los municipios de Colón, Carlos Casares, Brandsen, Guaminí, Azul, Alem, Carlos Tejedor, Tordillo, Rauch, Monte, Capitán Sarmiento y General Belgrano, entre otros, tendrán que aportar al juez Bonadio información sobre esas obras, para cotejar en cuánto se cumplió lo que firmaron los intendentes de esas localidades con el secretario López y su superior inmediato Julio de Vido.
La misma lógica se aplica a gobernadores actuales y anteriores de diversas provincias, sobre todo de aquellos que tuvieron una aceitada relación política con el kirchnerismo. Esto hace que el PJ empiece a levantar la guardia, en momentos en que el Gobierno acelera las negociaciones por el Presupuesto de 2019, que necesariamente contendrá el ajuste fiscal comprometido con el FMI.
Incluso, en el peronismo no faltan quienes interpreten que la filtración de nombres de intendentes y gobernadores puede ser funcional a la necesidad de la administración de Cambiemos de tener menos resistencia política frente al recorte presupuestario que se avecina. Entre los jefes comunales de la oposición causó un fuerte malestar la reciente eliminación del Fondo Sojero.
Una de las voces más críticas sobre esa decisión del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien ayer presentó un recurso de amparo para frenar esa medida, en su carácter de titular de la Federación de Municipios (FAM). La matancera no aparece entre los mencionados por López, pero sí podría serlo un antecesor en ese cargo.
La causa de los cuadernos podría tener efectos políticos tanto sobre la relación del Gobierno de María Eugenia Vidal con los intendentes del PJ, como en la propia interna peronista. De hecho, la mención que habría hecho López en el juzgado de Bonadio estaría relacionada a la campaña electoral de 2013, que por el FpV –entonces oficialista- encabezó el lomense Martín Insaurralde.
El dato coincide con la confesión de un secretario de Juan Manuel Abal Medina, quien era jefe de Gabinete en aquel momento, que reveló cómo llegaban a la Casa Rosada bolsos con dinero –en manos de Roberto Baratta- que eran destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2013. El chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue quien describió la trama con sus cuadernos.
Las ramificaciones de la investigación del juez Bonadio pueden ser sorprendentes. Por ahora, la atención está enfocada en los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero está por verse hasta dónde el magistrado avanzará sobre gobernadores e intendentes, tanto actuales como con mandato vencido. La disputa entre Cambiemos y el PJ no será ajena a eso
eldia.com
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