Se trata de Javier de Luca, quien intervendrá en la apelación de los abogados del ex vicepresidente
El ex vicepresidente Amado Boudou quedó detenido esta tarde luego de que el Tribunal Oral Federal 4 lo condenara a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. El desenlace, lógico para un ex funcionario que cometió varios delitos al intentar quedarse con la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado del que formaba parte, anticipa una nueva batalla legal.
Con la publicación de los fundamentos por los cuales los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez ordenaron la detención inmediata de Boudou, la suerte procesal del compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011 quedará en manos del fiscal general Javier de Luca y de los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación.
A De Luca lo suelen señalar sus compañeros del fuero como uno de los máximos referentes del kirchnerismo en el Poder Judicial. Integrante de la agrupación Justicia Legítima, fundada por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, cuenta en su haber con varios dictámenes que tienen un denominador común: siempre fueron polémicos y acordes a los intereses del gobierno anterior.
De hecho, De Luca ya intervino en el caso Ciccone a favor de Boudou. Fue en el inicio del expediente cuando consideró que el entonces poderoso vicepresidente de la Nación no había cometido ningún delito. Casación no aceptó su criterio y en función de eso siguió el trámite de la causa hasta el veredicto que se conoció este mediodía.
De Luca también dictaminó dos veces a favor de Cristina Kirchner en una causa sensible. Pidió desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El tiempo demostró que estaba equivocado. Hoy la ex presidente cuenta con un pedido de desafuero del juez federal Claudio Bonadio para ser detenida por esa investigación.
En abril de 2017, el fiscal de Justicia Legítima intentó salvar a Milagro Sala. Pidió revocar un fallo que condenaba a la jefa de la Tupac Amaru por un violento escrache al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Quería que la absolvieran, pero el tribunal descartó su dictamen.
Ahora sospechan en los tribunales de Comodoro Py que De Luca intentará lo mismo con Boudou. Le solicitará a la Cámara de Casación la liberación del ex funcionario fanático de las motos y de las guitarras de rock. Los conocedores de los vericuetos de la legislación penal adelantan los hilos de su estrategia: creen que se basará en la doctrina Olariaga de la Corte Suprema de Justicia para fundamentar que la detención de Boudou es arbitraria.
En ese complejo antecedente, el máximo tribunal del país había considerado que una condena debe hacerse efectiva una vez que se rechaza la Queja por recurso extraordinario denegado, es decir, la última de las vías recursivas que tiene una persona juzgada en debate oral y público.
Los fallos de la Corte Suprema en la Argentina son una guía para los tribunales inferiores, pero no de cumplimiento obligatorio. Además, el antecedente Olazariaga no necesariamente es de aplicación directa en el caso Cicccone. Es por eso que es muy probable que la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, le ponga un freno a la jugada de De Luca.
Formado en la cátedra de Eugenio Zaffaroni en la Universidad de Buenos Aires, al garantista De Luca también le cuentan entre sus asombrosas interpretaciones de la ley varios dictámenes a favor de narcos. Por ejemplo, solicitó que se bajen las penas a dos prefectos que transportaban 91 kilos de marihuana, el equivalente a un millón y medio de dosis, algo que ni siquiera los defensores habían pedido.
En otra ocasión, la Gendarmería había detenido en Rosario a un sujeto con gran cantidad de marihuana en su automóvil, fue condenado a 9 años de cárcel y el fiscal exigió que lo liberaran porque consideraba que en un Estado constitucional un ciudadano no debería ser sometido a preguntas de las autoridades. Y mucho menos se podrían revisar las mercancías que lleva en el auto.
También se pronunció a favor de un narco que había sido condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba. El argumento de De Luca fue que la pena era desproporcionada porque el imputado no pertenecía a una organización, era pobre, padre de cinco hijos y sin antecedentes. Ese fiscal es el último defensor que le queda hoy a Boudou en la Justicia.
El ex vicepresidente Amado Boudou quedó detenido esta tarde luego de que el Tribunal Oral Federal 4 lo condenara a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. El desenlace, lógico para un ex funcionario que cometió varios delitos al intentar quedarse con la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado del que formaba parte, anticipa una nueva batalla legal.
Con la publicación de los fundamentos por los cuales los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez ordenaron la detención inmediata de Boudou, la suerte procesal del compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011 quedará en manos del fiscal general Javier de Luca y de los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación.
A De Luca lo suelen señalar sus compañeros del fuero como uno de los máximos referentes del kirchnerismo en el Poder Judicial. Integrante de la agrupación Justicia Legítima, fundada por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, cuenta en su haber con varios dictámenes que tienen un denominador común: siempre fueron polémicos y acordes a los intereses del gobierno anterior.
De hecho, De Luca ya intervino en el caso Ciccone a favor de Boudou. Fue en el inicio del expediente cuando consideró que el entonces poderoso vicepresidente de la Nación no había cometido ningún delito. Casación no aceptó su criterio y en función de eso siguió el trámite de la causa hasta el veredicto que se conoció este mediodía.
De Luca también dictaminó dos veces a favor de Cristina Kirchner en una causa sensible. Pidió desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El tiempo demostró que estaba equivocado. Hoy la ex presidente cuenta con un pedido de desafuero del juez federal Claudio Bonadio para ser detenida por esa investigación.
En abril de 2017, el fiscal de Justicia Legítima intentó salvar a Milagro Sala. Pidió revocar un fallo que condenaba a la jefa de la Tupac Amaru por un violento escrache al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Quería que la absolvieran, pero el tribunal descartó su dictamen.
Ahora sospechan en los tribunales de Comodoro Py que De Luca intentará lo mismo con Boudou. Le solicitará a la Cámara de Casación la liberación del ex funcionario fanático de las motos y de las guitarras de rock. Los conocedores de los vericuetos de la legislación penal adelantan los hilos de su estrategia: creen que se basará en la doctrina Olariaga de la Corte Suprema de Justicia para fundamentar que la detención de Boudou es arbitraria.
En ese complejo antecedente, el máximo tribunal del país había considerado que una condena debe hacerse efectiva una vez que se rechaza la Queja por recurso extraordinario denegado, es decir, la última de las vías recursivas que tiene una persona juzgada en debate oral y público.
Los fallos de la Corte Suprema en la Argentina son una guía para los tribunales inferiores, pero no de cumplimiento obligatorio. Además, el antecedente Olazariaga no necesariamente es de aplicación directa en el caso Cicccone. Es por eso que es muy probable que la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, le ponga un freno a la jugada de De Luca.
Formado en la cátedra de Eugenio Zaffaroni en la Universidad de Buenos Aires, al garantista De Luca también le cuentan entre sus asombrosas interpretaciones de la ley varios dictámenes a favor de narcos. Por ejemplo, solicitó que se bajen las penas a dos prefectos que transportaban 91 kilos de marihuana, el equivalente a un millón y medio de dosis, algo que ni siquiera los defensores habían pedido.
En otra ocasión, la Gendarmería había detenido en Rosario a un sujeto con gran cantidad de marihuana en su automóvil, fue condenado a 9 años de cárcel y el fiscal exigió que lo liberaran porque consideraba que en un Estado constitucional un ciudadano no debería ser sometido a preguntas de las autoridades. Y mucho menos se podrían revisar las mercancías que lleva en el auto.
También se pronunció a favor de un narco que había sido condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba. El argumento de De Luca fue que la pena era desproporcionada porque el imputado no pertenecía a una organización, era pobre, padre de cinco hijos y sin antecedentes. Ese fiscal es el último defensor que le queda hoy a Boudou en la Justicia.
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