La medida también alcanza al ex ministro Julio De Vido y a los empresarios que declararon como arrepentidos.
El juez la señala como jefa de una banda “paraestatal” organizada para cobrar coimas. También acusó a De Vido, Baratta y varios empresarios.
Bonadío le dictó un embargo por 4 mil millones de pesos a la ex Presidenta amparado en los testimonios de empresarios pero también de ex funcionarios que declararon como arrepentidos.
Del ámbito empresario, Aldo Roggio, Carlos Wagner, el primo del Presidente, Angelo Calcaterra, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain fueron procesados por el juez. Javier Sánchez Caballero, hombre de confianza de Mauricio Macri y ex empleado de IECSA fue beneficiado con la falta de mérito.
Julio De Vido estuvo incluído entre los procesados, al igual que sus ex subalternos en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y José López, aunque los tres están detenidos. López, al igual que el ex funcionario Claudio Uberti fueron dos de los que dieron su testimonio como arrepentidos.
El operador judicial Javier Fernández y el ex magistrado Norberto Oyarbide y el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli fueron alcanzados por la medida.
El chofer Oscar Centeno, quien habría redactado los cuadernos que dieron origen a la investigación, seguirá imputado en la causa.
El jefe de bloque del Peronismo Federal Miguel Ángel Pichetto ya adelantó que "es imposible producir el desafuero y la detención" de la ex Presidenta. Eso mismo ocurrió con la causa que investiga la denuncia de Alberto Natalio Nisman, por la que Cristina está procesada pero no fue desaforada.
lapoliticaonline.com
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