Se suman a otros ocho que fueron procesados en mayo por integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado en 100 millones de pesos. Entre ellos, hay dos médicos del HIGA que emitían certificados falsos para obtener pensiones por invalidez; uno se encuentra prófugo
La Justicia Federal dictaminó el procesamiento de 20 personas acusadas de tramitar jubilaciones y pensiones de invalidez “truchas” ante la sede local de la ANSES, en una defraudación a la administración pública que se calcula en 100 millones de pesos.
Entre ellos, hay dos médicos que trabajaban en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), de los cuales uno es psiquiatra y otro se encuentra prófugo de la Justicia. Los otros 18 hombres y mujeres procesados son personas que solicitaron los beneficios previsionales y están acusados por defraudar la administración pública.
Asimismo, los otros ocho imputados, que ya habían sido procesados en mayo pasado, fueron convocados para ampliar sus indagatorias, frente a la comprobación de nuevos casos. La investigación continúa, incluso, para verificar la posible connivencia de funcionarios de los organismos públicos en las maniobras de fraude.
Los implicados están acusados por el juez federal Santiago Inchausti de integrar una asociación ilícita dedicada a la defraudación contra la administración pública mediante el uso de documentos adulterados, la alteración dolosa de registros de organismos públicos y la tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad y el cohecho.
Tras este nuevo requerimiento formulado por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, se amplió el objeto procesal de la causa que investiga a una asociación ilícita dedicada a gestionar y obtener beneficios previsionales y de la seguridad social ilegítimos, y ante el avance de la pesquisa, el juez Inchausti resolvió estos nuevos procesamientos.
La resolución de la justicia federal llega después de una profundización en la investigación y nuevos allanamientos ordenados el mes pasado, en función de la ampliación de la denuncia que realizó la ANSES, por múltiples irregularidades detectadas en la tramitación, pagos y cobro indebido de beneficios de Retiro Transitorio por Invalidez (RTI), en los que habrían intervino algunas de las personas ya procesadas.
El avance de la investigación y consiguientes allanamientos devinieron en el pedido de la fiscalía de ampliar el objeto procesal, en el que se contemplaron esos nuevos casos denunciados por la ANSES a finales de julio, aquellos contemplados en expedientes judiciales secuestrados en el estudio jurídico previsional allanado en el marco de esta causa, y los informados por el Juzgado Federal N°4.
Se trata de haberes ilegítimos que van desde los 4 mil pesos a más de 28 mil, con retroactivos que alcanzan hasta un millón y medio de pesos. Entre las patologías aducidas por los médicos, se repite la “Reacción Vivencial Anormal Neurótica” en distintos grados.
faronoticias.com.ar
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