El derecho de
huelga
El derecho de huelga está reconocido a un sector de la
sociedad, y por eso, como todo derecho, tiene sus límites, que son
impuestos por la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos del resto
de la sociedad.
En el espíritu del derecho de huelga, cuando los trabajadores lo ejercen no es porque no quieren trabajar, sino porque pretenden hacerlo en mejores condiciones.
Y para ello recurren a este medio de presión contra su empleador, que es un derecho que, en nuestro país, está garantizado por la Constitución Nacional. Pero éste es un derecho doblemente excepcional.
La doble excepcionalidad del derecho de huelga radica en que su reconocimiento supone admitir al mismo tiempo que los trabajadores no cumplan con su obligación de trabajar y que tal omisión tenga por objeto causar un daño al empleador.
En el espíritu del derecho de huelga, cuando los trabajadores lo ejercen no es porque no quieren trabajar, sino porque pretenden hacerlo en mejores condiciones.
Y para ello recurren a este medio de presión contra su empleador, que es un derecho que, en nuestro país, está garantizado por la Constitución Nacional. Pero éste es un derecho doblemente excepcional.
La doble excepcionalidad del derecho de huelga radica en que su reconocimiento supone admitir al mismo tiempo que los trabajadores no cumplan con su obligación de trabajar y que tal omisión tenga por objeto causar un daño al empleador.
Tal eximición de trabajar implica la pérdida del derecho al
salario. Porque, así como el empleador debe aceptar ese daño transitorio y
reversible que le provoca la huelga —normalmente en el contexto de un
conflicto y una negociación colectiva— y no podría contratar a otros
trabajadores para reemplazar a los huelguistas, simétricamente los
trabajadores que adhieren a ella sacrifican su derecho a la retribución que
persiguen cuando trabajan para otro.
Por eso, el pago de los días de huelga es una
expoliación al empleador, es una ofensa a la dignidad de los trabajadores.
Y, excepcionalmente, se podrá calificar como servicio esencial a otra actividad cuando por la duración o extensión territorial de su interrupción se pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental. El desarrollo y la paz social exigen fijar normativas claras y promover comportamientos sindicales y patronales responsables, que se ajusten al espíritu constitucional (preaviso, conciliación obligatoria, servicios de mantenimiento, piquetes limitados, respeto por los derechos y libertades de los no huelguistas, mediación y arbitrajes voluntarios entre otras).
En el apogeo del pacto Kirchner-Moyano se dictaron las
reglas actualmente vigentes en el ámbito nacional, algunos de cuyos principios
se expandieron a las provincias, sobre todo a la provincia de Buenos
Aires.
Aquel pacto está en la raíz de la Ley 25.877/03 que excluyó al transporte, la seguridad y la educación del listado de servicios esenciales. Si bien la ley permitió excepciones y abrió la puerta para añadir a ese listado a los servicios públicos de importancia trascendental (entre los que bien podrían incluirse por lo pronto a la educación y al transporte), nunca se llegó a añadir servicio alguno.
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.552/10 dispone: "En ningún caso la educación podrá ser considerada como servicio esencial", lo que implica encorsetar o mutilar al Estado democrático cuando se ve abocado a resolver un conflicto como el que hoy atraviesa la enseñanza pública.
Esta concesión del peronismo bonaerense a los sindicatos oficiales que actúan en el sector público provincial resulta contraria a la Constitución Nacional y sirve de coartada para desamparar los derechos fundamentales de los alumnos o de los ciudadanos que recurren, por ejemplo, a los servicios estatales de salud y transporte.
El Gobierno ha tenido algunos aciertos cuando le tocó encauzar conflictos y huelgas, pero también incurrió en sonoros fracasos.
El no pago de los salarios caídos a los huelguistas y la firme vocación de dialogar en busca de soluciones integran su escueto activo.
Aquel pacto está en la raíz de la Ley 25.877/03 que excluyó al transporte, la seguridad y la educación del listado de servicios esenciales. Si bien la ley permitió excepciones y abrió la puerta para añadir a ese listado a los servicios públicos de importancia trascendental (entre los que bien podrían incluirse por lo pronto a la educación y al transporte), nunca se llegó a añadir servicio alguno.
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.552/10 dispone: "En ningún caso la educación podrá ser considerada como servicio esencial", lo que implica encorsetar o mutilar al Estado democrático cuando se ve abocado a resolver un conflicto como el que hoy atraviesa la enseñanza pública.
Esta concesión del peronismo bonaerense a los sindicatos oficiales que actúan en el sector público provincial resulta contraria a la Constitución Nacional y sirve de coartada para desamparar los derechos fundamentales de los alumnos o de los ciudadanos que recurren, por ejemplo, a los servicios estatales de salud y transporte.
El Gobierno ha tenido algunos aciertos cuando le tocó encauzar conflictos y huelgas, pero también incurrió en sonoros fracasos.
El no pago de los salarios caídos a los huelguistas y la firme vocación de dialogar en busca de soluciones integran su escueto activo.
La mora en regular la huelga, la falta de convocatoria a la
comisión independiente, las vacilaciones a la hora de exigir preavisos, llamar
a la conciliación obligatoria e imponer las sanciones previstas en los casos
que así procede legalmente, son parte de los errores a enmendar.
Nuevamente el ciudadano se halla atrapado en una trampa sin
salida; por un lado son testigos resignados e indignados cuando los
sindicalistas y algunos pocos obreros militantes del
K-/-Izquierda que no dudan en recurrir a las amenazas o violencia para
restringir los derechos de aquéllos que desean trabajar y no plegarse al cese
de tareas y, por el otro, un profundo
sentimiento de frustración ante la negativa del gobierno para llevar a cabo las
modificaciones legales necesarias para reglamentar el derecho de huelga
que, como hemos visto, no está reglamentado.
También exhibieron su esencia fascista totalitaria en el Consejo Escolar de la Costa cuando bloquearon con claves las computadoras que debían utilizar los consejeros de la oposición que concurrieron a trabajar.
También exhibieron su esencia fascista totalitaria en el Consejo Escolar de la Costa cuando bloquearon con claves las computadoras que debían utilizar los consejeros de la oposición que concurrieron a trabajar.
La regulación del derecho de huelga en la Argentina es el
resultado de un pacto Kirchner-Moyano que desvirtuó totalmente el espíritu de
la medida excepcional para transformarla en una herramienta clave para la
retención del poder.
¿Cree que es un razonamiento delirante? De inmediato se dará cuenta que no es un delirio en absoluto.
El desarrollo y la paz social exigen fijar normativas claras y promover comportamientos sindicales y patronales responsables, que se ajusten al espíritu constitucional (preaviso, conciliación obligatoria, servicios de mantenimiento, piquetes limitados, respeto por los derechos y libertades de los no huelguistas, mediación y arbitrajes voluntarios entre otras).
¿Cree que es un razonamiento delirante? De inmediato se dará cuenta que no es un delirio en absoluto.
El desarrollo y la paz social exigen fijar normativas claras y promover comportamientos sindicales y patronales responsables, que se ajusten al espíritu constitucional (preaviso, conciliación obligatoria, servicios de mantenimiento, piquetes limitados, respeto por los derechos y libertades de los no huelguistas, mediación y arbitrajes voluntarios entre otras).
Pero las circunstancias cambian por completo cuando la patronal es el Estado, cuando afecta a toda la población (Transportes por ejemplo) o a toda la fuerza productiva nacional (Camioneros). Pero el poder está potenciado fundamentalmente por la masa de afdos. que movilizan y que guardan relación directa con su capacidad y poder de presionar.
En el caso de los gremios de transporte, potencialmente son capaces de paralizar el funcionamiento del país, generando un deterioro económico sideral.
48 horas de huelga pueden llegar a afectar una fracción irrecuperable del PBI. No hay gobierno que resista semejante presión.
En el caso de los gremios camioneros, bloquean a todas las empresas productoras, no sólo por dañar al PBI nacional sino también a los capitales productores, especialmente privados. Esta presión tampoco la resiste gobierno alguno.
La clave del sistema se halla en la reglamentación del derecho de huelga, en la declaración de los servicios imprescindibles que quedan obligados a dar un servicio mínimo indispensable.
La reunión y el acuerdo subyacente Kirchner-Moyano definió la conservación de los intereses de Néstor Kirchner y Hugo Moyano:
N.K. le hizo concesiones al poder de Moyano porque jugaba como el reaseguro de su poder político.
Veamos: en caso de perder el poder en las urnas, N.K contaba con el poder de presión de los sindicatos del estilo Moyano, Baradel para trabar toda acción de gobierno, deteriorar el estado de equilibrio social y recuperar el poder político. Baradel está cumpliendo ese rol a rajatabla.
A cambio los sindicalistas obtuvieron impunidad para cualquier negociado o actividad mafiosa (está demostrado por la magnitud de las riquezas de los sindicalistas) debiendo N.K. construir una justicia adicta y visible para imponer su imagen de poder e impunidad (jueces federales adictos, Justicia Legítima, Consejo de la Magistratura con miembros de La Cámpora, procuraduría general adicta, etc.)
Conclusión Práctica: N.K. se aseguraba su permanencia en el poder independizándose de las urnas.
Los sindicalistas con sus masas de apoyo adquirieron un poder omnímodo e incontrolable, máxime cuando los estatutos de sus gremios permiten las reelecciones “ad infinitum”.
¿Se dieron cuenta que llegar a una tiranía no es tan difícil para una mente corrupta y ambiciosa?
Como burdo remate de nuestra desgracia debemos soportar que unos sindicalistas prepotentes utilicen sus poderes de convocatoria y condicionamiento militante exijan cambios en la política económica del actual gobierno cuando no son responsables sobre esos temas ya que NO FUERON VENCEDORES EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL.
ESTE DISCURSO es un claro mensaje subversivo y sedicioso para buscar resultados en política económica que se hallan totalmente fuera de su esfera de decisión.
Los no peronistas tienen que soportar los atropellos de las patotas sindicales.
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